Vistazo General

La participación política de las mujeres abarca una amplia gama de acciones y estrategias. Incluye el voto y la educación de las votantes, la candidatura en elecciones nacionales y locales, apoyo a candidatas/os que impulsan una agenda sensible al género, campañas contra quienes tienen políticas que se oponen a los derechos de las mujeres, así como promoción y defensa de la integración de una agenda de derechos de las mujeres en las plataformas de candidatas/os y partidos.

Las estrategias de participación política incluyen mecanismos que potencian la participación política de las mujeres. Ejemplos de éstas son las cuotas de género que otorgan a las mujeres entre el 30 y el 50 por ciento de los puestos de toma de decisiones; estrategias de transversalización del género que promueven una cultura de sensibilidad al género en el gobierno; instancias nacionales para mujeres, las cuales tienen la función primordial de liderar y monitorear las estrategias gubernamentales de transversalización del género, y presupuestos de género o de mujeres que asignan un porcentaje del presupuesto nacional para la transversalización del género y acciones afirmativas orientadas al avance de las mujeres. En las legislaturas de algunos países democráticos, representantes sectoriales de las mujeres han sido nombradas sobre la base de términos y capacidades de manera paritaria con representantes electos. Un mecanismo reciente que brinda un margen más amplio para la participación política de las mujeres es el sistema de listados de los partidos, en el cual ellas pueden optar a escaños en la legislatura.

Cuotas

Los sistemas de cuotas han incrementado en forma significativa la participación y representatividad de las mujeres tanto en los puestos de toma de decisiones electivos como en los de nombramientos. Las cuotas han sido consideradas como una de las acciones afirmativas más eficaces para aumentar la participación política de las mujeres. En la actualidad hay 77 países que tienen cuotas constitucionales, electorales o de partidos políticos para las mujeres. En aquellas naciones donde los asuntos de las mujeres siempre habían sido relegados a la menor prioridad, el incremento en la cantidad de mujeres en puestos de toma de decisiones ayuda a colocar las agendas de la población femenina en el nivel de mayor prioridad. La visibilidad de las lideresas da un perfil más elevado a los derechos de las mujeres en general. Las cuotas para mujeres en la política posibilitan los cambios en actitudes acerca de los roles y habilidades de ellas, de manera que les abren más oportunidades de educación, trabajo y otras.

Transversalización del género y presupuestos de género

Los esfuerzos por la incorporación del género 'transversalizan' o integran las perspectivas de género y la meta de la igualdad de género en la toma de decisiones, planificación, implementación y evaluación gubernamentales. Esto hace al gobierno más eficiente en atender las necesidades de la población al asegurar que aun las políticas y los programas aparentemente neutrales tomen en cuenta los intereses y necesidades de las mujeres desde el inicio. Más aún, los esfuerzos de transversalización del género también han producido estrategias y herramientas para análisis y evaluación -por ejemplo, datos de género y estadísticas desagregadas por sexo- que transversalizan los intereses de raza, clase, etnicidad y otros en las políticas y la planificación del gobierno. Esto beneficia no sólo a las mujeres sino también a otros sectores marginados a los cuales ellas pertenecen.

Junto a los esfuerzos de transversalización del género, los presupuestos de género han sido un método para determinar el grado al cual los gastos gubernamentales se han alejado de la meta de la igualdad de género o se han aproximado a ésta. Un presupuesto de género no es uno separado para las mujeres; es, más bien, una herramienta que analiza las asignaciones presupuestarias, el gasto público y los impuestos desde una óptica de género y, por lo tanto, puede ser utilizada para abogar por la reasignación de presupuestos con el fin de dar una mejor respuesta a las prioridades de las mujeres. Los presupuestos de género han sido instrumentales para incrementar los gastos del gobierno en aquellos servicios sociales que benefician principalmente a mujeres, niñas y niños, así como para orientar las prioridades gubernamentales hacia la 'economía del cuidado': la salud y la nutrición, la educación y otros servicios familiares y comunitarios. En algunos países, los presupuestos de género exponen áreas donde las políticas gubernamentales han sido débiles, por ejemplo, en sectores productivos tales como la agricultura y la industria. Finalmente, los presupuestos de género también rastrean las áreas donde se ha ejecutado la mayor parte del gasto público, a menudo dejando al descubierto corrupción y servicios sociales subfinanciados. En general, estos presupuestos aportan una significativa contribución para potenciar las estrategias de transversalización del género. (Fuente: Coleen Lowe Morna, Gender Budgeting: Myths and Realities, octubre 2000)

Sin embargo, las feministas han argumentado que la transversalización y los presupuestos de género no son fines en sí mismos sino sencillamente herramientas para alcanzar la igualdad de género. Las debilidades en el uso de estas herramientas han sido evidentes cuando los esfuerzos y los presupuestos de género se invierten sobre todo en actividades que son identificadas con las mujeres o no tienen nada que ver con las necesidades de ellas. Un ejemplo de esto es gastar el presupuesto de género en guarderías que, si bien son importantes, en realidad no transforman la condición subordinada de las mujeres en la sociedad sino apenas las ayudan a desempeñar el rol de género de la crianza infantil. Algunas agencias gubernamentales gastan el presupuesto en capacitación en cosmetología y clases de danza. Los proyectos de generación de ingresos para mujeres tales como la crianza de ganado también con frecuencia han sido clasificados bajo los presupuestos de género. Aunque estos proyectos pueden de hecho ayudarlas a contribuir al ingreso familiar, también aumentan los múltiples trabajos que ellas desempeñan en el hogar, puesto que las tareas domésticas no son compartidas por los hombres. A su vez, las mujeres se ven más recargadas con tareas hogareñas y ello les impide participar en la vida pública y política. En los peores casos, los presupuestos de género no llegan en absoluto a las mujeres ni a los hombres, sino que son apropiados por políticos corruptos.

Promoción y defensa legislativas y capacitación para ganar elecciones

Las mujeres han podido participar en la toma de decisiones políticas por medio de promoción y defensa legislativas al redactar y proponer leyes que luego son incorporadas al proceso legislativo formal a través de representantes electas/os en la legislatura. Las mujeres intervienen en el proceso de toma de decisiones consiguiendo apoyo masivo para una ley propuesta o haciendo campaña contra ésta, así como abogando por reformas o revocación de una ley existente.

Especialmente al nivel de las elecciones locales, los grupos no gubernamentales de mujeres han impulsado capacitación en cómo ganar elecciones para mujeres que pretenden postularse para un cargo público. También han estado conduciendo, entre funcionarias y defensoras, capacitación en la formulación de leyes, por ejemplo, en cómo redactar una ordenanza sustentada en las realidades y necesidades de la población femenina.

La agenda de las mujeres

Además de las campañas por una equilibrada representatividad de género en los puestos de toma de decisiones políticas, una parte integral de las estrategias para la participación política femenina es la construcción de agendas de las mujeres para el cambio.

El liderazgo político de las mujeres también debería ser fortalecido en términos de realizar la agenda del desarrollo centrado en las personas y el desarrollo sostenible; asimismo, trabajar por la eliminación -en las leyes y en la realidad- de las discriminaciones basadas en género, raza, etnicidad, clase, orientación sexual, casta, descendencia, trabajo, estilo de vida, apariencia física, edad y otras. Las lideresas políticas, sean pocas o muchas, sólo pueden hacer una diferencia si son capaces de traducir su poder político en el avance político, social, económico y cultural de las mujeres y de otros grupos marginados.

Las mujeres que han podido acceder al poder político formal enfrentan múltiples desafíos. Éstos incluyen la búsqueda de un desarrollo sostenible centrado en las personas en el contexto de la actual tendencia a la globalización, que ha tenido como resultado una influencia incrementada de fuerzas del libre mercado y la acompañante pérdida de autonomía del Estado. Para muchos países continúan siendo retos la creciente deuda, la pobreza y una inadecuada distribución de la riqueza, a las cuales se suman las políticas de ajuste estructural y la agenda de la liberalización económica impulsadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las políticas de ajuste estructural han tenido como consecuencia la forzada reducción de los servicios sociales básicos así como de los gastos gubernamentales en general, incluyendo las instancias nacionales y los programas para mujeres.

Las lideresas políticas tienen que superar políticas de identidad, políticas elitistas locales y el control por parte de dinastías familiares, que en numerosos países en desarrollo han sido las mismas fuerzas que en un inicio han permitido a las mujeres el acceso a posiciones de poder político inicialmente. Ellas también se enfrentan al desafío de romper con las restricciones culturales acerca de cómo las mujeres deben lucir, hablar y actuar y, al mismo tiempo, transformar la cultura política en un ambiente genuinamente justo hacia el género. Un ambiente justo hacia el género estima las capacidades de las mujeres no por su habilidad de imitar el discurso de los hombres o por cuán bien compitan, sino por su capacidad para la colaboración, su visión y liderazgo. Más aún, también está continuamente presente la necesidad de resistir y luchar contra la propensión del Estado a homogenizar a sus ciudadanas y ciudadanos. Esta propensión del Estado a homogenizar se hace evidente a través de políticas y normas que afirman ser igualitarias en su aplicación, pero que en la realidad discriminan y marginan.

Además de incrementar el acceso de las mujeres a puestos de toma de decisiones en el gobierno, también debería perseguirse continuamente la potenciación de las capacidades de las mujeres en la implementación de mecanismos e instrumentos internacionales relacionados con los derechos de las mujeres a los niveles nacional y local. Tendrían que maximizarse los instrumentos internacionales que están vigentes, en particular las oportunidades provistas por la Plataforma de Acción de Beijing y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); se deberían explorar las estrategias para implementarlos, tales como la promoción y defensa públicas, la reforma de políticas, medidas especiales y acciones afirmativas, sistemas de rendición de cuentas y evaluaciones, además de otros medios. Las mujeres en el gobierno deberían continuar esforzándose por compartir estrategias y recursos de información, además de formar redes y fortalecer vínculos con otras en el gobierno, con grupos no gubernamentales de mujeres y con especialistas. Deberían continuar estudiando las crecientes complejidades en las políticas y las economías producto de la globalización. A los niveles nacional y local, uno de los más grandes retos para las mujeres que impulsan una agenda feminista consiste en comprender e idear formas concretas de resistir y combatir la política 'sucia' o corrupta.

Todavía son pocas mujeres

Si bien el activismo global de las mujeres, especialmente a nivel de las Naciones Unidas, ha instituido mecanismos para una mayor representatividad femenina en la política, la evaluación llevada a cabo por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para Beijing+5 confirma que ellas todavía están sumamente subrepresentadas en los puestos políticos y burocráticos en el mundo. El PNUD reportó que las mujeres "no constituyen ni siquiera la mitad en las estructuras de toma de decisiones. El marco del 30 por ciento por el que aboga el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, como un preludio a un 50 por ciento, todavía es un sueño para la mayoría de las mujeres" (UNDP, 1999). El monitor de la Unión Interparlamentaria ubica en 15.2 por ciento la cantidad total de mujeres en los parlamentos. Así, las campañas por una equilibrada representatividad de género en el gobierno, como la Campaña 50/50 de la Organización de Mujeres por el Medio Ambiente y el Desarrollo (WEDO), continúan siendo una de las acciones más estratégicas para incrementar la participación política de las mujeres.

Libertades y derechos

A fin de participar en los procesos políticos, las mujeres necesitan gozar del ejercicio pleno de sus derechos civiles y políticos. Las libertades democráticas, tales como la expresión, los medios de comunicación, la opinión, la asamblea pacífica, la asociación y otras, son vehículos necesarios para su plena participación política. En países en los que la libertad de asociación es limitada, las mujeres se encuentran bajo constante vigilancia y a veces bajo amenazas por parte de sus propios gobiernos. En aquellas naciones donde la religión y la cultura imponen numerosas restricciones sociales e interfieren con las leyes estatales, las mujeres experimentan más dificultades para acceder a la educación e involucrarse en el espacio político público. La satisfacción de necesidades de subsistencia y sociales básicas, la independencia económica y una vida libre de violencia familiar y comunitaria son requerimientos igualmente cruciales para que las mujeres pueden realizar sus potenciales políticos.

Mecanismos de Derechos Humanos

El activismo de las mujeres en el plano global ha tenido como resultado varios documentos e instrumentos estratégicos para asegurar y promover la participación política femenina.

Las Estrategias de Nairobi orientadas hacia el Futuro para el Adelanto de las Mujeres (1985) y la Plataforma de Acción de Beijing (1995) son instrumentos estratégicos que establecieron las bases para el empoderamiento político de las mujeres. Las Estrategias de Nairobi orientaron a los gobiernos para que aseguraran una igualitaria participación femenina en todos los cuerpos legislativos nacionales y locales. También llamó a la equidad en el nombramiento, la elección y promoción a puestos de alto nivel en los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La Plataforma de Acción de Beijing llama a los gobiernos, los cuerpos nacionales, el sector privado, partidos políticos, sindicatos, organizaciones patronales, instituciones de investigación y académicas, organismos subregionales y regionales y organizaciones no gubernamentales e internacionales a "adoptar medidas para garantizar a la mujer igualdad de acceso y la plena participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones" y a "aumentar la capacidad de la mujer de participar en la adopción de decisiones y en los niveles directivos".

Las medidas que se recomiendan a los gobiernos incluyen: establecer el "objetivo del equilibrio entre mujeres y hombres" en los órganos y comités gubernamentales, así como en las entidades de la administración pública y en la judicatura; adoptar medidas "que alienten a los partidos políticos a integrar a las mujeres en los cargos públicos electivos y no electivos en la misma proporción y en las mismas categorías que los hombres"; proteger y promover "la igualdad de derechos de las mujeres y los hombres en materia de participación en actividades políticas y libertad de asociación"; vigilar y evaluar los progresos logrados en la representación de las mujeres, y apoyar a las organizaciones no gubernamentales y los institutos de investigación que realicen estudios sobre la participación y la influencia de las mujeres en la adopción de decisiones y en el ámbito de adopción de decisiones. Partes de la tarea de abogar por una representatividad equilibrada son el reconocimiento y la promoción del trabajo y las responsabilidades parentales compartidos entre mujeres y hombres.

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) es un importante tratado internacional que refrenda la importancia del involucramiento de las mujeres en el aparato político de los Estados Parte. La División para el Avance de las Mujeres de las Naciones Unidas reporta que hasta el 30 de septiembre del 2003, 174 países -el 90 por ciento de los miembros de las Naciones Unidas- habían suscrito la Convención.

Los Artículos 2 a 4 de la CEDAW exhortan a los Estados Parte a buscar activamente la eliminación de la discriminación en la participación política de las mujeres a través de medidas legales y temporales especiales y de acciones afirmativas. Un ejemplo de una medida especial para acelerar el logro de la igualdad de facto son las cuotas para los cargos de mujeres en los organismos Legislativo, Ejecutivo o Judicial del gobierno.

El Artículo 7 de la CEDAW instruye a los Estados Parte a tomar "todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país". Les garantiza a las mujeres, "en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; y

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país."