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El problema que enfrenta México sobre violencia de género es probablemente más aparente en las ciudades norteñárez y Chihuahua, donde, de acuerdo a Amnistía Internacional, más de 400 mujeres han desaparecido o han sido asesinadas desde 1993.

Pero la violencia en contra de la mujer está proliferada en todo México. Por lo menos 46.6 por ciento de mujeres mexicanas han sido victimas de violencia, de acuerdo a un estudio publicado en el 2003 conducido por el Instituto Nacional de las Mujeres (Indujeres) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).

"Cuando las personas no son iguales y uno tiene el poder y lo ejerce de forma abusiva sobre la otra se genera la violencia y es importante subrayar que no hablamos de hombres y mujeres sino de géneros, de la construcción social", dijo Olivia Velásquez Torres, psicóloga en La Morada, el único centro para víctimas de violencia doméstica en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia ha sido celebrada por muchos grupos de mujeres y legisladores quienes dicen que sus características innovadoras, que incluyen la regulación y coordinación de refugios de violencia doméstica a nivel nacional, una reeducación de género obligatoria para quienes cometen crímenes basados en el género, y la Alerta de Violencia de Género, modelada tras mecanismos de alerta para desastres naturales, mejorarán los servicios para sobrevivientes de violencia de género y tratarán la raíz del problema.

Sin embargo, algunas de las personas que apoyan la ley se preocupan por su implementación. Porque fue diseñada como una ley general, los estados pueden decidir si la adoptan o no, lo que significa que grupos activistas deberán de cabildear a los gobiernos estatales para que la implementen. Hasta el momento, ningún recurso federal o estatal ha sido designado para la implementación de la ley, y algunos críticos, notablemente la Arquidiócesis de la Iglesia Católica, argumentan que la ley podría dividir los géneros aún más.

Aunque existen leyes contra la violencia familiar en México, no tratan a la violencia contra la mujer como un efecto de las desigualdades entre hombres y mujeres, dijo Marcela Lagarde, ex senadora y antropóloga feminista, una de las principales defensoras de la ley. "La mayor parte de los casos denunciados, a pesar de que se llama de violencia intrafamiliar, son sobre violencia contra las mujeres, más del 80 por ciento en todo el país", dijo ella.

La nueva ley tipifica cinco tipos de violencia: violencia psicológica, física, económica, sexual y patrimonial, o la negación de propiedad o herencia. También enumera los ámbitos en los que se expresa: la familia, la comunidad, en el trabajo, en centros educativos e instituciones públicas. El definir y reconocer la violencia que sufren las mujeres es el primer paso para encontrar maneras efectivas de erradicarla, dijo Figueroa.

Una de las propuestas de esta nueva ley es la creación de un Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que especificará funciones puntuales que cumplir y acciones concretas para entidades federales y municipales con la meta de erradicar la violencia en contra de la mujer. El Sistema Nacional involucrará a un conjunto de Secretarías del Gobierno Federal que deberán actuar en coordinación como la Secretaría de desarrollo social, la Secretaría de educación pública, y la secretaría de salud y Gobernación.

Una de las metas del sistema es asegurar que mujeres que han sido abusadas, y cuyas vidas corren riesgo, tengan un lugar seguro donde ir, dijo Lagarde. "En nuestro país hay muchos modelos [de protección] vigentes pero los que hay en la mayor parte de los casos son incipientes y a veces no tienen los resultados que quisiéramos," dijo ella.

Actualmente, la mayor parte de los refugios de México son privados, los llevan adelante grupos y organizaciones con las mujeres con diferentes modelos y varios grados de efectividad. "En la ley se establece un modelo y un protocolo de refugios. No queremos que estén allí nada más un ratito con un poquito de atención, con unas flores de eucalipto que calman nervios. Queremos que tengan una reparación integral que el estado y la sociedad les [brinde a ellas] y a su[s] familia[s] también", dijo Lagarde.

La Dra. Adriana Luna, quien ha colaborado con el único refugio en San Cristóbal, está a favor de la ley. Ella dijo que el refugio, operado por el Instituto de Desarrollo Humano (IDH), que en su mayoría ve a mujeres en situaciones de violencia extrema (que podíía ocasionarles la muerte), necesita más recursos para poder atender a todas las mujeres que necesitan sus servicios.

Las mujeres del refugio del IDH tienen acceso a servicios médicos, psicológicos y legales y normalmente se quedan por un aproximado de tres meses, dijo Luna. En casos complicados o particularmente peligrosos, el refugio del IDH trabaja con refugios en otros estados para coordinar el cuidado de mujeres y ayudarles a cambiar sus identidades. “Sin duda, [ésta nueva ley] es parte de la solución de la problemática, se debe abordar de manera integral porque si no se corre el riesgo de que en lugar de que los agresores sean quienes estén encerrados lo sean las mujeresâ€�, dijo ella.

Bajo la nueva ley, aquellos que son declarados culpables de actos de violencia en contra de mujeres serán obligados a someterse a una reeducación de género para explorar y transformar su concepción de la mujer, de ellos mismos, y de las relaciones entre los géneros. Si la ley es adoptada, cada estado desarrollará su propio método para reeducar a los agresores. Velásquez dijo que esta rehabilitación es necesaria porque "no basta trabajar con las consecuencias de la violencia sino con el análisis de cómo se construyen los géneros", dijo ella.

Esta ley también crea una Alerta de violencia de género para confrontar la violencia generalizada de género en contra de individuos o comunidades. Este mecanismo funcionará de manera similar a sistemas de alerta para desastres naturales e implementará investigaciones, desarrollará planes de acción y designará recursos.

La Alerta de violencia de género sería implementada en situaciones especiales de violencia en contra de un cierto grupo de mujeres, o en una región o sector particular. Mientras la alerta puede establecerse en situaciones como Juárez, de muertes epidémicas de mujeres, también puede ser instituida si se presentaran varios casos de muerte materna en la misma clínica, o quejas repetidas de acoso en contra de estudiantes, dijo Figueroa.

"Si hubiéramos tenido la Alerta de violencia de género para Ciudad Juárez hace diez años, si hubiéramos podido desarrollar el conjunto de acciones de emergencia para saber qué estaba pasando, cómo enfrentarlo, a lo mejor algunas de las mujeres victimadas estaían vivas ahora", dijo Lagarde.

Pero no todos están a favor de la ley. Un editorial publicado en su boletín semanal, Desde la Fe, el primero de febrero, la Arquidiócesis de México criticó la nueva ley por ser escrita con "ciertos tintes ideológicos" y afirmó que la ley se ha distraído de su meta original de proteger a las mujeres de violencia y "pasa al discurso del "empoderamiento" de la mujer, que nos lleva a un cierto enfrentamiento de géneros y no a una equidad y equilibrio entre ambos".

La editorial continuó al advertir que ciertos aspectos de la ley, como su prohibición de violencia emocional, falta de amor e indiferencia eran "tan subjetivas y carentes de sustento que se pueden convertir en actitudes abusivas por parte de la mujer sin que exista reciprocidad en ley alguna para defender los derechos del hombre como género".

En respuesta a la crítica, Lagarde dijo que reconoce que algunos hombres sufren violencia de género, pero que esta ley solo protege a mujeres porque es una ley específicamente para mujeres. "En más del 90 por ciento de los casos [de violencia de género], el agresor es una varón y la ley está dirigida a ese 90 por ciento de mujeres agredidas", dijo ella.

Críticos y defensores concuerdan que para implementar esta nueva ley se necesitan recursos económicos. Auque la ley fue firmada después de que fue aprobado el presupuesto federal del 2007, legisladores han propuesto distintas opciones para implementar la ley, tal como el uso de 17 millones de pesos, asignados a la comisión del senado para investigar el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez. Senadoras derechistas del Partido de Acción Nacional (PAN) han expedido una declaración a favor de la creación de un fondo de recursos para su implementación, mientras otros legisladores están conjuntando una propuesta que solicitará que los gobiernos estatales y municipales usen una parte de sus recursos para garantizar una partida presupuestal.

Algunas sobrevivientes de violencia de género son optimistas que, cuando se implemente, tendrá efectos positivos. Flor Gómez, 33, de San Cristóbal, es abogada y activista por los derechos de la mujer que sobrevivió un intento de violación y asesinato hace seis meses. Ella dijo que tiene esperanzas y está contenta de ver el enfoque de genero de la ley, "Siento que es un paso muy grande que se está dando pero que, en términos prácticos, para que las autoridades tomen conciencia de ésta problemática, de la desigualdad de género, de la violencia va a costar un poco más. Pero se están sentando las bases jurídicas."

Aún hay trabajo por hacer antes de que la ley este totalmente en efecto a nivel nacional, pero Lagarde tiene confianza de que es lo suficientemente completa para atacar las raíces y los síntomas de la violencia de género. "No se trata de disminuir la violencia [en contra de las mujeres], el objetivo es la erradicación de la violencia".