Las Guerras Sobre El Matrimonio En Los Estados Unidos

En enero del 2004, el presidente estadounidense George W. Bush anunció que reforzaría los programas gubernamentales para promover el matrimonio, especialmente entre parejas de bajos ingresos, incrementando el financiamiento a programas a favor del matrimonio de $6 millones en 2003 a $1.5 millardos en el curso de los próximos cinco años. El anuncio fue ampliamente considerado como una medida de contención en respuesta al llamado de grupos cristianos conservadores a una enmienda constitucional que prohíba el matrimonio entre personas del mismo sexo, tras una decisión de noviembre de la Corte Suprema de Massachusetts que refrendó el derecho de lesbianas y gays a casarse según la Constitución del estado.

En su Discurso sobre el Estado de la Nación, Bush también afirmó que algunos jueces "han comenzado a redefinir el matrimonio por medio de órdenes, sin tomar en cuenta la voluntad del pueblo y sus representantes elegidos. ... Si los jueces insisten en imponer su voluntad arbitraria en el pueblo, la única alternativa que quedará para el pueblo será el proceso constitucional. Nuestra nación debe defender la santidad del matrimonio".¹ Claramente, la iniciativa de Bush para la promoción del matrimonio estaba atada a las exigencias de la derecha religiosa de "proteger" la institución del matrimonio tradicional contra la erosión que implicaría el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero también constituye un vehículo para canalizar fondos públicos a organizaciones conservadoras, primordialmente religiosas, y expandir la influencia de éstas en la formulación de políticas del gobierno, así como en los asuntos comunitarios locales.

Pocos días después de que Bush expresara estos comentarios, la Corte Suprema de Massachusetts clarificó su dictamen original y sostuvo que las uniones civiles no son una alternativa aceptable para los matrimonios completos. La Corte señaló que la Constitución del estado no apoyaría soluciones "separadas sino igualitarias" a los reclamos de igualdad. Pronto, Bush condenó tal opinión como una apropiación de procesos políticos de toma de decisiones por parte de jueces activistas. Luego, el 12 de febrero, el alcalde de la ciudad de San Francisco ordenó a funcionarios municipales que empezaran a emitir licencias de matrimonio a parejas de lesbianas y gays, en desafío a la ley del estado de California, que define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. El alcalde Newsom, un hombre de negocios demócrata casado con una mujer, indicó que los comentarios de Bush en enero habían sido el catalizador para su propia decisión y calificó el matrimonio entre personas del mismo sexo como un derecho a la no discriminación.

En el curso de un mes, a más de 4,000 parejas del mismo sexo se les emitieron licencias de matrimonio conforme un juez tras otro se rehusó a intervenir. El 11 de marzo, la Corte Suprema del estado de California ordenó a funcionarios de la ciudad de San Francisco que dejaran de oficiar matrimonios de personas del mismo sexo en tanto no se dilucidara una audiencia, en mayo o junio, acerca de dos demandas relacionadas con la autoridad de la municipalidad para emitir esas licencias. La Corte no abordó la legalidad de los matrimonios ni los argumentos constitucionales enunciados por funcionarios municipales en su defensa. Las ceremonias de San Francisco detonaron una reacción comunitaria en cadena en ciudades y pequeños pueblos de Oregon, Nueva York, Nueva Jersey y Nuevo México, donde los funcionarios empezaron a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. En New Paltz, un pueblo al norte de la ciudad de Nueva York, el alcalde ahora enfrenta acusaciones criminales por haber oficiado 25 de estas ceremonias matrimoniales.

Los neoconservadores y la derecha cristiana han acelerado sus esfuerzos ya existentes a fin de prohibir el matrimonio de personas del mismo sexo a través de las leyes estatales. Hasta el 15 de abril, 39 estados habían adoptado leyes de "defensa del matrimonio" que estipulan que el matrimonio se da entre un hombre y una mujer, y otros tres estados habían aprobado legislación que específicamente prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Veintidós estados han introducido legislación con la que se persigue enmendar sus constituciones para prohibir la realización y/o reconocimiento de dichos matrimonios y, en algunos casos, las uniones civiles, los parteneriados de convivencia y otras formas de reconocimiento de las relaciones entre personas del mismo sexo. Tales medidas han fallado en 11 estados, mientras en cuatro fueron aprobadas. En Ohio, una enmienda constitucional estatal será puesta para la aprobación del electorado en noviembre.

A nivel federal, la legislación adoptada en 1995 durante el gobierno de Clinton prohíbe el reconocimiento federal de los matrimonios de gays y lesbianas. Denominada "Ley de Defensa del Matrimonio", la legislación también exime a los estados de toda obligación de reconocer matrimonios de personas del mismo sexo que hayan sido oficiados en otros estados donde podrían ser legales. El 24 de febrero, Bush llamó a una enmienda de la Constitución Federal que prohibiría los matrimonios entre personas del mismo sexo, bajo el argumento de que un Poder Judicial "activista" y los rebeldes funcionarios municipales no habían dejado otra alternativa. Observadores legales y activistas en derechos humanos coinciden en que el proceso de la enmienda, diseñado para ser difícil, enfrenta obstáculos políticos sustanciales. Una enmienda tendría que ser aprobada primero en ambas cámaras del Congreso por una mayoría de dos tercios y luego en tres cuartas partes de las legislaturas estatales (38 de los 50 estados). El actual texto borrador de la enmienda congresal prohibiría el matrimonio entre personas del mismo sexo pero permitiría a los estados reconocer las uniones civiles de este tipo. Los Republicanos parecen no contar con la mayoría de dos tercios requerida para la aprobación por el Congreso. Las encuestas de opinión pública sugieren que si bien es amplia la oposición a los matrimonios entre personas del mismo sexo (más del 50 por ciento de quienes respondieron a todas las encuestas), la opinión acerca de una enmienda constitucional está divida de manera más pareja, lo que refleja la renuencia a que la discriminación basada en la condición sea defendida por la Constitución Federal.

En este debate se están cuestionando los roles de género tradicionales en la familia y la institucionalización gubernamental de los privilegios heterosexuales, así como el papel de la religión en la vida pública en los Estados Unidos. Para los conservadores sociales y la derecha religiosa, cuestionar el significado del matrimonio es a la vez una elección estratégica para redefinir las políticas económicas y sociales y la función de la religión dentro de las instituciones públicas, además de un esfuerzo por lograr que la sociedad estadounidense en su conjunto adopte creencias religiosas específicas. Para el movimiento de lesbianas y gays, cuestionar el significado del matrimonio es tanto una elección estratégica para asegurar los derechos civiles, así como un esfuerzo por asumir una identidad normativa cultural, política y legal dentro de la sociedad estadounidense.

La batalla sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y el programa de Bush para promover el matrimonio representan un despliegue del matrimonio como una institución y una construcción ideológica. Pero las guerras sobre el matrimonio surgen de corrientes de cambio más profundas en el papel que la religión juega en las políticas públicas en los Estados unidos y en la privatización de los servicios públicos, como también en las reconfiguraciones de los roles de género. Adicionalmente, los significados del matrimonio están cambiando dentro de algunas comunidades religiosas, en respuesta a lo cual las parejas del mismo sexo han buscado y alcanzado diversos niveles de reconocimiento de sus relaciones de compromiso como uniones espiritualmente válidas.

Bush Y Sus Aliados: Ocupados En Promover El Matrimonio, La Privatización De Los Servicios Públicos Y Las "Alianzas" Sectarias Con El Gobierno

En los Estados Unidos, el matrimonio es una institución en transición. La comentarista feminista Lisa Duggan señala que "una variedad de arreglos de parteneriado y afinidad formales e informales, permanentes y temporales, solemnes y casuales, ha desplazado a un modelo único y estático de la vida doméstica".² Según el gobierno de los Estados Unidos, "el patrón marital general durante la segunda mitad del siglo veinte puede ser descrito tanto por el retraso del matrimonio como por un periodo de rápido incremento en la probabilidad del divorcio".³ Entre el 40 y 50 por ciento de los primeros matrimonios para mujeres y hombres menores de 45 años terminan en divorcio, aunque el 75 por ciento de estas personas vuelve a casarse. La proporción de hogares de parejas casadas que tienen hijas e hijos se ha reducido al 26 por ciento de todos los hogares, en comparación con el 45 por ciento en la década de los años 70. Estas tendencias reflejan la expansión de las opciones de las mujeres dentro y fuera del matrimonio, así como una gama de factores adicionales, los cuales incluyen cambios en la naturaleza de la fuerza laboral requerida por el capitalismo post-industrial. Las reformas legislativas que instituyeron el divorcio sin culpabilidad y la contractualización de las relaciones maritales a lo largo de los Estados Unidos hacia los años 70, junto al reconocimiento del derecho de las mujeres a controlar las consecuencias reproductivas de su sexualidad, también han apoyado un mayor reconocimiento del matrimonio como lo que el historiador Hendrik Hartog describió así: "un indicador de la capacidad de una persona adulta para encontrar significado (felicidad) en una relación en curso". ⁴

Un coro de alarma ha resonado en respuesta a estas tendencias, proveniente de conservadores religiosos y sociales que lamentan las cambiantes configuraciones de los roles de género en el último medio siglo y atribuyen una amplia gama de males sociales a las grandes cantidades de mujeres que se han desarraigado de matrimonios tradicionales. Tal como lo ve el comentarista neoconservador George Will: "la procreación fuera del matrimonio, aunque es el caldo de cultivo de millones de tragedias individuales y de una miríada de patologías sociales, ha perdido una buena parte de su estigma ahora que el 33 por ciento de los nacimientos - incluido alrededor del 60 por ciento de nacimientos en mujeres menores de 25 años - ocurre en madres no casadas... El rápido descenso en las últimas cuatro décadas de una institución social fundacional como el matrimonio y el concurrente aumento de trastornos sociales usualmente se correlacionan con algún evento inmenso, como la guerra". ⁵

El gobierno de Bush ha lanzado los programas de promoción del matrimonio como un medio para devolver el matrimonio tradicional de género a su lugar central en un orden social y político idealizado, dentro del cual un modelo de matrimonio específicamente cristiano sirve como la incubadora de la moral pública y los valores ciudadanas. Según ha documentado la historiadora feminista Nancy Cott, "una forma particular de matrimonio - monogamia basada en un modelo cristiano, siendo el esposo el proveedor primordial - se ha incrustado y ha sido apoyado en el marco político nacional de los Estados Unidos".⁶ En este contexto, el derecho a no contraer matrimonio surge como un aspecto indispensable del derecho a casarse.

Sin embargo, los programas de promoción del matrimonio también avanzan los objetivos gubernamentales de privatización y desvían la atención sobre la incapacidad del gobierno de generar empleo y proveer servicios públicos, pasándola a la responsabilidad de las parejas dentro de matrimonios tradicionales de satisfacer sus propias necesidades económicas y de bienestar social. Originalmente introducidos por los Republicanos a la Ley de Reforma de la Seguridad Social de 1996, los programas se enfocan en receptores de seguridad social de escasos ingresos e imparten clases sobre los beneficios de un "matrimonio saludable", habilidades matrimoniales y acerca de cómo evitar el divorcio. La propuesta de Bush expandiría el financiamiento para estos programas e introduciría campañas publicitarias pro-matrimonio dirigidas al público en general. A los estados se les obligaría a destinar a programas de promoción del matrimonio una parte de los fondos federales de bienestar social que reciben, o bien renunciar al financiamiento federal.

Los programas de promoción del matrimonio buscan restaurar la vieja armadura económica del matrimonio, con el esposo como proveedor independiente y la esposa como fuente de trabajo y reproducción para el hogar - sirviendo y cuidando las necesidades de su esposo y sus hijas e hijos dependientes u otros parientes. Tal como Duggan observa, "los hogares de parejas casadas podrían 'aliviar' al Estado del gasto que implica ayudar a sostener los hogares monoparentales y del costo de una amplia gama de servicios sociales, desde el cuidado infantil y los servicios para la discapacidad hasta los servicios de cuidado de enfermería en el hogar. Así, el matrimonio se convierte en un esquema de privatización: los hogares individuales encabezados por una pareja casada brindan a mujeres, niñas y niños acceso a salarios más elevados de los hombres, y también 'privadamente' proporcionan numerosos servicios que anteriormente fueron proveídos a través de las agencias de bienestar social". ⁷

Las críticas a los programas de promoción del matrimonio han señalado que éstos se inmiscuyen en la privacidad personal, discriminan a madres y padres solteros y a parejas del mismo sexo; además, podrían no brindar una adecuada protección contra el riesgo de violencia doméstica. Aunque la Casa Blanca dice que la participación en los programas de promoción del matrimonio será voluntaria para receptores de seguridad social, quienes opten por no participar en dichos cursos pueden enfrentarse a un trato discriminatorio por parte de trabajadores de casos, que se supone deben asegurar una participación plena en los mismos. Muchas mujeres pobres podrían llegar a la conclusión de que deben participar, o bien arriesgarse a perder los beneficios de la seguridad social que son la única fuente de apoyo financiero para sus familias. Uno de esos programas en Pennsylvania, que ahora está siendo desafiado en las cortes por el grupo de derechos de las mujeres NOW Legal Defense, ilustra cómo se reafirman los roles de género tradicionales: el programa está orientado a que el 90 por ciento de los padres consiga empleo, pero no se ha fijado una meta similar para las madres y los servicios de consejería laboral son ofrecidos sólo a ellos. ⁸

En su Discurso sobre el Estado de la Nación del 2004, Bush también llamó a duplicar el financiamiento para programas de educación exclusivamente sobre abstinencia. Compañeros ideológicos de los programas de promoción del matrimonio, los de educación sólo para la abstinencia han recibido más de medio millardo de dólares desde 1996, cuando fueron incorporados a la Ley de Reforma de la Seguridad Social por los Republicanos. El año pasado, el gobierno de Bush otorgó $120 millones a organizaciones que trabajan por la abstinencia. Muchas de éstas son grupos cristianos conservadores que promueven la abstinencia como única protección contra las infecciones de transmisión sexual y el embarazo fuera del matrimonio. A nivel estatal, el financiamiento que anteriormente apoyaba una educación integral y médicamente exacta (la cual incluye educación sobre abstinencia pero no se limita a ésta) ha sido reasignado a programas de educación exclusivamente sobre abstinencia, ya que los estados deben guardar un equilibrio en los fondos federales para estos programas.

Si bien las regulaciones gubernamentales les exigen presentar la información dentro de un marco secular, los grupos religiosos que implementan los programas de educación sólo de abstinencia son motivados por creencias religiosas sobre la sexualidad que pueden ser descubiertas apenas con rascar la superficie. Por ejemplo, el director de un programa llamado "Silver Ring Thing", que pretende persuadir a adolescentes a que mantengan su "pureza" sexual hasta el matrimonio, le confió a un reportero de la BBC que él cree que "el fin del mundo está cerca y Cristo regresará dentro de una generación...". La abstinencia, dijo, "es una herramienta que permite alcanzar a la gente joven para Dios, resguardándola para la Segunda Venida". El programa "Silver Ring Thing" recibió $700,000 en fondos federales en el 2003. ⁹

La introducción de los programas de promoción del matrimonio y de educación exclusivamente sobre abstinencia en el financiamiento de la seguridad social es, en parte, el resultado de esfuerzos concertados de las fundaciones conservadoras, que durante los últimos 10 años han conceptualizado y financiado la presentación pública de las posturas de la derecha acerca del matrimonio. Al asignar recursos a la promoción de visiones neoconservadoras en la Academia, en paneles de reflexión y en los medios - como también a la proliferación y al crecimiento de paneles conservadores - estos financiadores han generado una corriente de informes, artículos, libros, entrevistas en radio y televisión, conferencias y comentarios en los diarios que exponen lógicas sociales de políticas para las posturas cristianas conservadoras sobre la sexualidad y el matrimonio. ¹⁰

Estos programas también son parte de una campaña más amplia del gobierno de Bush para expandir el papel de las organizaciones religiosas como prestadoras de servicios, un proceso que inició en 1996 a partir de la Ley de Reforma de la Seguridad Social. Bajo el régimen de "opción caritativa" creado por esta ley, las organizaciones religiosas operan como contratistas gubernamentales para proveer capacitación laboral, programas extraescolares dirigidos a niñas y niños, consejería en drogadicción, servicios de salud para adolescentes, rehabilitación de personas presas y toda una gama de otros servicios. No es una novedad el derecho de las organizaciones religiosas de participar en la prestación de servicios bajo programas gubernamentales. Lo innovador es que pueden mantener su carácter religioso al implementar los programas, en lugar de que se les obligue legalmente a restringir o eliminar los contenidos religiosos de sus actividades financiadas por el gobierno.

La filosofía de Bush alienta los servicios sociales financiados por el gobierno que utilizan métodos explícitamente religiosos. En el 2001, el presidente estableció la Oficina de la Casa Blanca para Iniciativas Basadas en la Fe y Comunitarias, a fin de facilitar la obtención de fondos federales dirigidos a programas sociales "basados en la fe". Sin embargo, aun el Congreso controlado por los Republicanos se ha mostrado renuente a apoyar la Iniciativa Basada en la Fe y Comunitaria de Bush en todas sus dimensiones. Una cantidad significativa de legisladores y grupos religiosos progresistas ha criticado la ausencia de protecciones efectivas tanto para clientes como para trabajadores proveedores de servicios contra el proselitismo, la coerción a participar y la discriminación por motivo de religión. La administración de Bush ha usado órdenes ejecutivas y cambios regulatorios para evitar esta oposición. A través de canales administrativos, el gobierno ha revertido disposiciones previas que prohíben el financiamiento gubernamental al sostenimiento o la reparación de estructuras utilizadas para el culto o la educación basados en la religión; también ha expandido la autonomía de contratación de los grupos religiosos que reciben fondos gubernamentales. En el año fiscal 2002-2003, Bush utilizó órdenes ejecutivas que autorizaban incrementos por un total de $144 millones¹¹ a los fondos otorgados por dos agencias federales claves a organizaciones basadas en la fe que brindan servicios sociales.

A principios de febrero, bajo amenaza de un veto de la Casa Blanca, el Congreso aprobó un proyecto de ley de servicios sociales que permite la discriminación laboral por motivo de religión en programas administrados por iglesias financiados con fondos públicos, además de rechazar enmiendas orientadas a asegurar que los programas sean administrados de manera secular. La necesidad de contar con protecciones rigurosas contra la coerción y la discriminación religiosas es ilustrada por las recientes acciones del Ejército de Salvación en Nueva York, un grupo cristiano evangélico que recibe $70 millones en fondos estatales y municipales para sus programas de servicios sociales dirigidos a personas sin hogar. El Ejército de Salvación ahora está pidiendo a sus empleados que divulguen sus filiaciones religiosas y ha ordenado que quienes trabajan con niñas y niños deben llenar un formulario en el que prometen seguir la misión religiosa de la institución en dicho trabajo. ¹²

La creciente privatización de los servicios sociales expande la influencia de las organizaciones religiosas, no sólo en las políticas públicas sino también en las condiciones prácticas bajo las cuales las mujeres y sus familias tienen acceso a servicios esenciales. El impacto de las actividades de las organizaciones religiosas a nivel comunitario es particularmente agudo en el caso de los servicios para adolescentes, quienes son un enfoque específico de los esfuerzos para promover las creencias religiosas conservadoras acerca de los roles de género, el matrimonio y la sexualidad. Y aun cuando se hubieren establecido protecciones adecuadas contra el adoctrinamiento, el proselitismo y la discriminación, la experiencia de las actividades misioneras en los regímenes coloniales en África y Asia sugiere que la prestación de servicios esenciales por parte de las instituciones religiosas puede ser inherentemente coercitiva.

Aunque las instituciones religiosas y las personas motivadas por la religión han jugado roles vitales en la promoción de la justicia social y económica en los Estados Unidos, éstas no son las voces religiosas que hoy día van en aumento. Visiones oscurantistas del cristianismo permean la representación pública de la creencia religiosa, y en su centro se encuentran posturas ultraconservadoras acerca de las mujeres. Cristianos conservadores detentan cargos de alto nivel en todo el gobierno y a la cabeza de ellos hay un presidente que rutinariamente citas frases de la Biblia y se refiere a sus creencias religiosas personales como una fuente de autoridad para las decisiones políticas.

Estados Unidos exporta sus políticas sociales nacionales a través de programas de desarrollo y asistencia e impone esas mismas políticas por medios económicos y militares. El expandido rol que las organizaciones religiosas juegan en las políticas públicas estadounidenses amenaza los derechos de las mujeres en otras regiones, como lo ha demostrado la re-imposición, por parte de Bush, de la "ley mordaza global" sobre todos los programas internacionales de planificación familiar. La "ley mordaza" prohíbe a organizaciones que reciben fondos federales estadounidenses para planificación familiar internacional mencionar el aborto cuando brindan a sus clientelas consejería acerca de opciones legales de salud reproductiva. Bush se ha negado a entregar $34 millones aprobados por el Congreso para el Fondo de Población de las Naciones Unidos, basándose en falsos alegatos de que el UNFPA apoya el aborto forzoso en China.

Según la iniciativa gubernamental de $15 millardos para el VIH/SIDA, dirigida a 12 países en África y dos en el Caribe, el 20 por ciento de los fondos se destinaría a prevención y, de éstos, el 33 por ciento a programas "exclusivamente sobre abstinencia". A los grupos basados en la fe que obtienen contratos para implementar la iniciativa se les permitirá optar por no promover el uso del condón, de acuerdo a sus creencias religiosas. La Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), que en el pasado ha proveído alrededor de un tercio de todas las donaciones de condones a los países en desarrollo (por un equivalente de $75 millones anuales), ha cancelado los envíos de preservativos a 16 países en África, Asia y Oriente Medio porque sus grupos de planificación familiar están asociados a la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF), la cual se rehúsa a ceñirse a la "ley mordaza".

Procesos de privatización como los que están teniendo lugar en los programas de bienestar social en los Estados Unidos son evidentes en la promoción que el gobierno de Bush hace de las organizaciones religiosas como prestadoras de servicios en los programas internacionales de ayuda y socorro. El gobierno ha relanzado la ayuda humanitaria y la asistencia al desarrollo como expresiones de caridad religiosa y no como responsabilidades de derechos humanos internacionales. En el 2002, Bush creó mediante orden ejecutiva un Centro para Iniciativas Basadas en la Fe dentro de USAID. El sitio del Centro en Internet indica que el 25 por ciento de "socios" de USAID son organizaciones basadas en la fe. Sus objetivos incluyen: eliminar "los obstáculos o barreras legales y de políticas que las organizaciones basadas en la fe y de base comunitaria encuentran al competir por los fondos federales"; asegurarles a esas organizaciones "un acceso igualitario al financiamiento federal" y brindar "asistencia técnica" para sus esfuerzos orientados a garantizar dicho financiamiento.¹³ Los grupos cristianos evangélicos están cada vez más activos en la asistencia humanitaria. Aunque los grandes grupos basados en la fe históricamente involucrados en la asistencia humanitaria por lo general se han abstenido de practicar un proselitismo abierto, grupos evangélicos tales como los Bautistas del Sur que trabajan en Irak han perseguido sin reparos una doble agenda de proselitismo y de extensión de la ayuda humanitaria.

La Independencia Del Poder Judicial Bajo Ataque

La Constitución de los Estados Unidos establece la separación formal de la Iglesia y el Estado. Es a menudo citada como el marco paradigmático de un Estado secular que permite la expresión de la creencia religiosa, pero no participa en ésta ni la privilegia. Sin embargo, este límite entre la autoridad religiosa y el Estado ha demostrado ser permeable. En la práctica, la relación entre las instituciones religiosas y la autoridad estatal, así como el nivel de influencia religiosa en las políticas públicas estadounidenses, dependen de la anuencia del Poder Judicial a restringir acciones específicas del gobierno que promuevan la religión o transgredan la expresión de las creencias religiosas minoritarias.

Las cortes han ejercido diversos grados de rigor en proteger contra la promoción de la religión por parte del gobierno. La ley es actualmente una sábana variopinta caracterizada por estándares poco o nada claros, particularmente en lo que se refiere a la regulación estatal de las instituciones religiosas y al grado al que están sujetas a los mismos requerimientos aplicables a las organizaciones seculares. Por ejemplo, las disposiciones de "opción caritativa" en la ley estatal y federal han sido interpretadas de tal manera que permiten a hospitales católicos financiados por el gobierno negar servicios a los cuales éstos se oponen - servicios de anticoncepción o de aborto - aun cuando son los únicos hospitales en el área que atienden a personas de bajos ingresos y en casos en que la vida o la salud de una mujer está en peligro. Las posturas basadas en la religión han figurado en una gama de decisiones que restringen los derechos relacionados con la sexualidad, incluido el dictamen de 1986 de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que defiende la penalización de los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo.¹⁴ La Corte Suprema está casi parejamente dividida acerca del patrocinio del Estado a actividades sectarias, como lo ilustra una decisión en el 2002, de cinco votos contra cuatro, que refrendó un programa escolar de boletas que canalizaba dólares de contribuyentes a escuelas religiosas.¹⁵ E, históricamente, en la mayoría de los casos las cortes le han reservado al cristianismo - la religión dominante - la protección contra la interferencia del gobierno en prácticas religiosas.

Aun así, el Poder Judicial continúa siendo el defensor más confiable de la separación entre la autoridad secular y religiosa en los Estados Unidos en el actual clima de apoyo público a una influencia religiosa directa en las políticas públicas. En un golpe asestado al gobierno de Bush, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó recientemente que los estados podrán decidir por sí mismos si otorgarán fondos de becas a estudiantes de teología que se están entrenando para el ministerio.¹⁶ La Corte rechazó el alegato de la administración Bush según el cual no financiar la actividad religiosa constituye discriminación con base en la religión, un alegato que es vivo reflejo del esfuerzo del gobierno por expandir el papel de las organizaciones religiosas como "socias" suyas. (Observadores legales han señalado que la Constitución del estado de California brindó la base para la decisión y que, según la Constitución Federal, las becas universitarias financiadas por el gobierno podían ser utilizadas para estudiar para el ministerio.) En otra reciente decisión, la Corte Suprema del estado de California sostuvo que Caridades Católicas, miembro oficial de la Iglesia Católica, no podía negar cobertura de seguro médico para control de la fertilidad bajo el plan de beneficios de medicamentos que ofrece a su personal, indiferentemente de las objeciones de esta organización a la anticoncepción. ¹⁷

En julio del 2003, la Corte Suprema de los Estados Unidos revirtió su decisión previa acerca de las leyes de sodomía: en el caso Lawrence v. Texas sostuvo que las leyes que penalizan la intimidad sexual consensuada entre parejas del mismo sexo, mas no una conducta idéntica por parejas de distinto sexo, violan el derecho a la privacidad. La Corte rechazó el argumento de que dichas leyes pueden ser justificadas como la expresión de sinceras posturas religiosas y concluyó que quienes sostienen tales creencias no pueden "usar el poder del Estado para aplicar esas posturas a toda la sociedad a través de la operación de la ley penal". La decisión de la Corte Suprema de Massachusetts que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo como un derecho a la protección igualitaria tiene antecedentes: en el 2000, la Corte Suprema de Vermont obligó al estado a "extender a las parejas del mismo sexo los beneficios y protecciones comunes que fluyen del matrimonio bajo la ley de Vermont,¹⁸ y en 1993 la Corte Suprema de Hawai sostuvo que la prohibición del matrimonio de parejas del mismo sexo parecía ser inconstitucional.¹⁹ Esta segunda decisión fue descartada tras la adopción, en 1998, de una enmienda a la Constitución del estado de Hawai que restringía el matrimonio únicamente a parejas heterosexuales.²⁰ La decisión de 1993 fue citada como evidencia de la necesidad de promulgar la Ley Federal de Defensa del Matrimonio, definiendo al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

La caracterización que Bush hizo de la decisión de Massachusetts como el merodeo de jueces bribones evocó un viejo grito de batalla contra las cortes por parte de los conservadores, quienes las consideran usurpadoras del proceso democrático. Ataques similares han sido lanzados contra el Poder Judicial por defender los derechos reproductivos. En las décadas de 1950, 60 y 70 se dirigió la misma acusación a las cortes federales estadounidenses por desarmar el aparato legal que permitía la segregación racial. Bush y la derecha religiosa han buscado reenmarcar la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo como un asunto del proceso democrático, argumentando que las cortes han rebasado la voluntad del pueblo. Las encuestas sugieren que la sociedad está dividida acerca de la permisibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo: alrededor del 55 por ciento se opone a éste y cerca de la mitad considera que las relaciones entre personas del mismo sexo van "contra la voluntad de Dios".²¹ Pero las mismas encuestas revelan una creciente tolerancia hacia lesbianas y gays. Y la anuencia de funcionarios electos en San Francisco y en otros lugares a permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo como un asunto de igualdad de derechos refleja la realidad del cambio en el nivel de la aceptación social de los derechos civiles para parejas del mismo sexo.

Al cuestionar la legitimidad de la autoridad de las cortes para decidir cuáles derechos son protegidos por las constituciones federales y estatales, el gobierno de Bush busca desviar la atención de la realidad de este cambio social. Los ataques al Poder Judicial también persiguen evitar que los debates sobre los derechos se arraiguen en la conciencia pública. El tono apocalíptico de estos ataques evidencia el deseo de imponer una narrativa religiosa en la cual los procesos del cambio social se convierten en una guerra entre el Bien y el Mal: Sandy Rios, presidenta del grupo neoconservador Concerned Women for America, dijo: "si a la corte se le permite salirse con la suya en estas decisiones sin rendir cuentas, éste es el comienzo del desmoronamiento de nuestra democracia".²² Según Gary Bauer, ex candidato presidencial y director de American Values, "para cualquiera que no ha comprendido la actual batalla cultural, ésta es una ilustración perfecta... Estos jueces no electos tratarían de imponer lo que ninguna legislatura electa se atrevería a considerar. Y, de hecho, están ordenando la destrucción sin precedentes del matrimonio pese al tremendo apoyo público al ladrillo clave de la sociedad". ²³

Aunque estos ataques reflejan evaluaciones estratégicas de que la opinión pública puede ser movilizada a través de la desconfianza hacia el Poder Judicial, también constituyen un desafío fundamental para los derechos humanos y las instituciones democráticas. Una función primordial de las cortes en una sociedad democrática consiste en defender los derechos humanos aun frente a una amplia oposición pública. Tal como declaró la Corte Suprema de Massachusetts: "que pueda persistir un prejuicio personal residual contra las parejas del mismo sexo es una proposición demasiado conocida para otros grupos desfavorecidos", señalaba el dictamen. "Que tal prejuicio exista no es razón para insistir en menos de lo que la constitución requiere".²⁴ Cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos puso fin a todas las leyes que prohibían el matrimonio interracial en 1967, 16 estados prohibían este tipo de unión. ²⁵ La desaprobación a las relaciones interraciales fue durante mucho tiempo justificada como un mandato divino y las encuestas de opinión pública de 1968 indicaban que el 72 por ciento de estadounidenses no aprobaba los matrimonios interraciales. Otra encuesta de 1991 reveló que el 42 por ciento de estadounidenses continuaba oponiéndose a tales matrimonios.

Los ataques contra las cortes por defender los derechos de las minorías son una de varias embestidas en curso a la independencia del Poder Judicial. La integridad del proceso judicial se ve gravemente amenazada por los grandes cambios instituidos mediante las medidas legislativas y administrativas a partir del 11 de septiembre del 2001. Históricamente, las cortes de los Estados Unidos han tendido a diferir de las aseveraciones del gobierno en cuanto a lógicas de seguridad nacional que buscan negar los derechos humanos. El grado al que las cortes se apegarán a su responsabilidad institucional para defender el imperio de la ley ante la fuerza de la seguridad nacional será decidido en varios casos pendientes relacionados con la llamada "guerra contra el terror". Estas amenazas a la independencia del Poder Judicial tienen en común el objetivo de reestructurar su rol institucional como veedor de los poderes Ejecutivo y Legislativo del gobierno, así como eliminar las protecciones a los derechos humanos fundamentales.

Un mecanismo principal para socavar la independencia del Poder Judicial es el proceso de selección judicial. Los esfuerzos concertados para nombrar jueces de ideología conservadora iniciaron bajo los gobiernos de Reagan y Bush I y fueron avanzados por los Republicanos durante el gobierno de Clinton. Los nombramientos de los jueces federales de los Estados Unidos son vitalicios, un enfoque que persigue aislarles de las presiones políticas. El actual gobierno de Bush ha intensificado sus esfuerzos para remoldear el Poder Judicial federal, un elemento cardinal de la visión que la derecha neoconservadora y religiosa tiene de los Estados Unidos, al nominar y nombrar jueces cuyas posturas acerca de los derechos reproductivos, el papel de las instituciones religiosas en la vida pública, la regulación de la empresa privada, la protección ambientan y la ley penal son todas un espejo de las suyas. Además de ello, los cambios legislativos y administrativos han eliminado importantes protecciones procedimentales y reducido el amplio espectro de asuntos que están sujetos a revisión judicial.

Conforme el gobierno de Bush intenta demarcar el rol de la religión en un reconfigurado sistema legal iraquí, la realidad en los Estados Unidos se aleja cada vez más de la visión constitucional de un Estado que no asigna derechos con base en posturas religiosas. Los esfuerzos por socavar el papel institucional de las cortes y la expansión de la influencia religiosa en las políticas públicas estadounidenses subrayan la lección que las mujeres hemos aprendido en otros contextos del país - la lucha por el imperio de la ley es un proceso abierto.

Los Múltiples Significados Del Matrimonio

Cuando anunció su apoyo a una enmienda constitucional que prohibiría el matrimonio entre personas del mismo sexo, Bush caracterizó el matrimonio como "la institución más fundamental de la civilización" y aseveró que "la unión de un hombre y una mujer es la institución humana más perdurable, honrada y alentada en todas las culturas y por cada fe religiosa".²⁶ El conservador Gary Bauer, defensor de los "valores familiares", afirmó: "cada cultura en el mundo, cada civilización en el mundo por más de 3,000 años, ha definido el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer".²⁷ Estos comentarios ahistóricos y culturalmente miopes ejemplifican el despliegue del matrimonio - y las afirmaciones acerca de su significado - como un vehículo para los objetivos políticos de los cristianos conservadores.

De hecho, tal como Nancy Cott explica: "lo que [en los Estados Unidos] creemos que es la forma 'tradicional' del matrimonio no cobró forma al inicio de la era cristiana, sino entre los siglos 16 y 18. Fue hasta entonces que el matrimonio derivado de suposiciones cristianas sobre el consentimiento y la monogamia fiel, pero autorizado y controlado por autoridades civiles, se convirtió en la norma".²⁸ La doctrina cristiana en la que se basa la ley del matrimonio en los Estados Unidos sostenía que el matrimonio debía ser exclusivo y permanente, y buscaba restringir las expresiones del deseo sexual a las relaciones matrimoniales. El historiador James Brundage ha concluido que "virtualmente todas las restricciones que hoy se aplican a la conducta sexual en las sociedades occidentales provienen de convicciones morales veneradas en la jurisprudencia canónica medieval" de la Iglesia Católica. ²⁹ Las creencias cristianas acerca del matrimonio fueron encarnadas en la ley común británica, desde la cual se transpusieron a los sistemas legales de los Estados Unidos.

La doctrina cristiana sobre el matrimonio y la sexualidad fue incorporada a la ley en los Estados Unidos a pesar del mandato constitucional de separación entre Iglesia y Estado. La garantía constitucional de libertad de culto no fue capaz de proteger contra la imposición de las creencias cristianas acerca del matrimonio en otras tradiciones religiosas. Estados Unidos forzó a los pueblos originarios de este país a abandonar sus tradiciones de matrimonio múltiple y obligó a los mormones de Utah a abolir la poligamia como requisito para su admisión en la unión federal. De manera similar, en el siglo 19, misioneros estadounidenses que trabajaban en el extranjero buscaron reemplazar las prácticas matrimoniales existentes por la monogamia cristiana.

Los comentarios de Bush sobre el pedigrí histórico del matrimonio tradicional pueden representar una intención de movilizar a conservadores sociales de otras tradiciones religiosas en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero su visión es culturalmente específica. El incremento de la diversidad religiosa en los Estados Unidos plantea un desafío a cristianos conservadores que persiguen promover sus creencias a través de las políticas públicas. Las alianzas tácticas en temas particulares tales como el matrimonio entre personas del mismo sexo pueden ser posibles. Pero muchos cristianos conservadores llaman a legisladores y formuladores de políticas a que afirmen que Estados Unidos es una nación cristiana. La realidad de estas tendencias teocráticas y el elevado nivel de hostilidad y racismo hacia musulmanes en particular podrían limitar el éxito de los esfuerzos por construir alianzas entre conservadores de distintas tradiciones religiosas.

Los valores religiosos que sostienen las leyes del matrimonio en los Estados Unidos coexisten junto a principios seculares. La ley estadounidense adoptó la visión británica, y específicamente la cristiana protestante, acerca del matrimonio como un asunto civil en vez de un sacramento. El matrimonio es una institución pública históricamente regulada por funcionarios estatales. El matrimonio civil crea protecciones basadas en la condición, así como beneficios y obligaciones que abarcan un amplio espectro, incluidos los derechos económicos, familiares, de propiedad e inmigratorios. Continúa siendo distinto del matrimonio religioso, aunque las ceremonias seculares y religiosas se traslapan en la práctica. El Estado reconoce la validez civil de los matrimonios oficiados por autoridades religiosas, siempre y cuando estas ceremonias reúnan los requisitos civiles legales (como la edad mínima y la consanguinidad). Sin embargo, las reglas del matrimonio civil y del religioso difieren. Los requisitos religiosos pueden ser más restrictivos que los del Estado - por ejemplo, rechazan los matrimonios entre personas de distinta fe o un segundo matrimonio después del divorcio - mientras que algunos son más permisivos, al reconocer las uniones entre personas del mismo sexo.

Activistas de la comunidad lésbica y gay a favor del matrimonio han hecho énfasis en las consecuencias del matrimonio para los derechos civiles. La organización activista Freedom to Marry, por ejemplo, se refiere al matrimonio como "la puerta a las protecciones, responsabilidades y beneficios que en su mayoría no pueden ser replicados de ninguna otra manera" y señala que excluir a estas personas del matrimonio refuerza la "condición legal y cultural de segunda categoría" de todas las lesbianas y los gays.³⁰ Los argumentos legales para el matrimonio entre personas del mismo sexo caracterizan la exclusión como una discriminación basada en la condición, análoga a la penalización del matrimonio interracial y una antítesis de las garantías de igualdad.

Las y los defensores típicamente vinculan esos reclamos de igualdad al paradigma asimilacionista, en el cual las parejas del mismo sexo pueden ser incorporadas a las estructuras familiares normativas. El mensaje es que "las lesbianas y los gays no son, ni quieren ser, diferentes". Esa consigna es sostenida por todas las organizaciones activas en la campaña por el matrimonio de personas del mismo sexo, entre ellas Freedom to Marry, Lambda Legal Defense y Human Rights Campaign, así como por simpatizantes individuales. Tal como explicó el reverendo Dr. Troy D. Perry, fundador de las Iglesias Comunitarias Metropolitanas: "en muchas formas, mi compañero Phillip y yo no somos diferentes a las parejas heterosexuales de nuestro vecindario. Tenemos empleos. Pagamos impuestos. Participamos en organizaciones civiles. Asistimos a la iglesia los domingos. Hemos demostrado nuestro amor y compromiso durante dos décadas - mucho más de lo que sobreviven numerosos matrimonios heterosexuales".³¹ Esta domesticación de la sexualidad transgresora podría haber ampliado el apoyo al matrimonio de personas del mismo sexo por parte de heterosexuales cuyas posturas sociales son liberales o libertarias. Jim Bruno, un sub-alcalde que ofició la ceremonia matrimonial de una pareja del mismo sexo en Nueva Jersey, emitió este positivo mensaje: "Tengo vecinos gays y no son diferentes a nadie... Cortan su césped, pagan sus impuestos, y si yo puedo pasar por la miseria del matrimonio y el divorcio, no sé por qué ellos no deberían hacerlo". ³² Patrick Guerriero, director de Log Cabin Republicans, un grupo conservador de derechos gay, personifica las aspiraciones asimilacionistas: "todo lo que quiero es que se me trate como el estadounidense conservador que soy, respetuoso de la ley, contribuyente de impuestos y temeroso de Dios". ³³

El apoyo a la campaña por el matrimonio no es en absoluto universal en las comunidades LGBT. Según las críticas, el matrimonio entre personas del mismo sexo refuerza en lugar de transformar las normas heterosexuales. De acuerdo a Judith Butler, "muchas personas homosexuales se sienten incómodas con todo esto, porque consideran que su sentido de un movimiento alternativo está muriendo. Se suponía que la política sexual era una cuestión de encontrar alternativas al matrimonio".³⁴ A la luz de la recalcitrante oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo, muchas(os) activistas LGBT sienten que deben apoyar los esfuerzos por este tipo de unión como un derecho civil central. El debate crítico sobre modelos alternativos al reconocimiento estatal de las múltiples formas de parteneriados y familias por lo general se limita al círculo académico feminista y al de las políticas, como también a intelectuales públicos progresistas de izquierda.

El aumento de la tolerancia de la sociedad hacia lesbianas y gays cuyas identidades públicas se asemejan de manera estrecha a las normas heterosexuales podría haber alentado al movimiento pro-matrimonio, dado que mejora las probabilidades de éxito hacia una meta que era claramente inalcanzable hace 10 años. Sin embargo, aparte de la oportunidad política y de los beneficios legales y sociales correspondientes al matrimonio, ¿cuáles otras motivaciones están operando en el actual movimiento por el matrimonio entre personas del mismo sexo? Después de todo, el matrimonio tiene múltiples significados, tanto a nivel de experiencias individuales como en sus dimensiones sociales, religiosas, económicas y políticas colectivas. Muchas(os) activistas y personas del mismo sexo que se casaron en San Francisco y en otros lugares han subrayado la importancia del matrimonio como una expresión de amor y compromiso. Hartog menciona la posibilidad de que los cambios legales que convirtieron el matrimonio en una institución más igualitaria lo han hecho más deseable para lesbianas y gays:

"Creo que en los últimos 15 años ha habido un importante e histórico cambio en las comprensiones homosexuales del matrimonio que se conecta al desmoronamiento de la jerarquía legalizada dentro del matrimonio. Hace 15 años había una significativa literatura de críticas acerca del matrimonio ... [que preguntaba] ¿por qué querrías ingresar a esta institución históricamente desigual y opresiva diseñada para la subordinación de las mujeres? ... mi impresión es que tales críticas han desaparecido en los últimos años. Hay muchas explicaciones posibles para tal desaparición, pero sospecho que una razón de la desaparición de las críticas es el cambio en el significado del matrimonio, conforme los cambios a favor de la igualdad durante la última generación se han convertido en partes normativas y predecibles del panorama legal". ³⁵

"existe una importante continuidad genealógica entre quienes se opusieron a la liberalización del divorcio (es decir, que trabajaron para mantener estrictas las reglas de salida); quienes objetaron variedades de cambios en las reglas que permitían a las esposas reclamar una igualdad relativa respecto de sus esposos; quienes insistieron en la continua obligación de las esposas de encontrar sus identidades dentro de matrimonios controlados por los maridos; quienes lamentaron la incursión de las mujeres en la fuerza de trabajo; quienes querían restringir la expresión sexual a los confines del matrimonio, y quienes en la actualidad lideran la oposición al matrimonio gay". ³⁶

Es claro que la convicción religiosa motiva a parejas del mismo sexo que contraen matrimonio o buscan casarse dentro de las comunidades religiosas. Este deseo de involucrar las creencias religiosas en sus propios términos da lugar a preguntas acerca de cómo las y los activistas de los derechos humanos que son estrictas(os) librepensadores se relacionan con los significados religiosos del matrimonio. En la pieza de Perspectiva que acompaña a este artículo, la teórica queer Ann Pellegrini argumenta que las y los activistas feministas y LGBT deberían trascender la amplia condena al papel de la religión en la vida pública y pensar en la religión en nuevas maneras.

Recursos

Información sobre los esfuerzos por apoyar el mandato secular de la Constitución de los Estados Unidos puede ser consultada en Internet en los sitios de Americans United for Separation of Church and State: http://www.au.org; People For the American Way, http://www.pfaw.org, incluido su proyecto Right Wing Watch; y American Civil Liberties Union, http://www.aclu.org/ReligiousLiberty/ReligiousLibertyMain.cfm. Estas tres organizaciones trabajan activamente en políticas y litigación; sus sitios brindan nuevas actualizaciones de desarrollos políticos y legales, así como resúmenes de antecedentes sobre temas específicos relacionados con la religión en la vida pública.

Para una crítica a la promoción del matrimonio como sustituta de los programas efectivos de bienestar social, ver "No Promotion of Marriage in Welfare Law!" ["¡No a la promoción del matrimonio en el programa de Asistencia Temporal a Familias Necesitadas!"], de Martha Fineman, Gwendolyn Mink y Anna Marie Smith, en http://falcon.arts.cornell.edu/ams3/npmposition.html.

Información actual sobre mujeres estadounidenses que viven en la pobreza y las políticas de seguridad social del gobierno de Bush está disponible en el sitio de National Organization for Women's Legal Defense and Education Fund en http://www.now.org/issues/economic/welfare/index.html.

Para información sobre organización de base comunitaria que se opone a las políticas de seguridad social del gobierno de Bush, con énfasis en los derechos económicos y sociales como derechos humanos internacionales, ver en http://www.kwru.org/ehrc/ehrc.html el sitio de la Kensington Welfare Rights Union, una organización multirracial de y para personas pobres y sin hogar que fue establecida por un grupo de mujeres pobres en 1991.

Para información acerca de programas de educación exclusivamente sobre abstinencia, ver la hoja informativa "Abstinence-Only Education: Why First Amendment Supporters Should Oppose It" ["Educación exclusivamente sobre abstinencia: Por qué deberían objetarla quienes apoyan la Primera Enmienda"], reimpresa con autorización de Sex & Censorship Committee, National Coalition Against Censorship, en http://www.plannedparenthood.org/library/facts/AbstinenceOnly10-01.html.

Una mirada general a la trayectoria del gobierno de Bush en cuanto a los derechos humanos de las mujeres, incluidos sus esfuerzos por nombrar a sus aliados ideológicos al Poder Judicial, se encuentra en George W. Bush's War on Women: A Pernicious Web [La guerra de George W. Bush contra las mujeres: Una telaraña perniciosa], un informe de Planned Parenthood, en http://www.plannedparenthood.org/library/facts/030114_waronwomen.html.

Para información sobre legislación y decisiones judiciales de los Estados Unidos referidas al matrimonio y las uniones civiles entre personas del mismo sexo y los derechos relacionados, y acerca de otras áreas de la ley que son de interés para la comunidad LGBT, ver http://www.lambdalegal.org/cgi-bin/iowa. También hay información sobre la ley estatal referida al matrimonio entre personas del mismo sexo en: 50-state Rundown On Gay Marriage Laws [Sumario de 50 estados sobre leyes relacionadas con el matrimonio gay], http://www.marriageequalityny.org; "Equality in the States: Gay, Lesbian, Bisexual and Transgender Americans and State Laws and Legislation in 2004" ["Igualdad en los estados: Gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero estadounidenses y leyes y legislación estatales en el 2004], http://www.hrc.org/Content/ContentGroups/Publications1/leg_report032004.pdf.

Para información sobre la campaña por el matrimonio entre personas del mismo sexo, ver los sitios de Freedom to Marry, http://www.freedomtomarry.org; Lambda Legal Defense and Education Fund, http://www.lambdalegal.org/cgi-bin/iowa; Human Rights Campaign, http://www.hrc.org, y American Civil Liberties Union, http://www.aclu.org.

Información sobre los esfuerzos dentro de las comunidades religiosas por asegurar el reconocimiento de las relaciones entre personas del mismo sexo y otros asuntos de interés para la comunidad LGBT, incluida la ordenación en el clero, está disponible en los sitios de: Interfaith Working Group, un foro para organizaciones religiosas, congregaciones y clero que apoyan la igualdad de derechos de las minorías sexuales, la libertad reproductiva y la separación de la Iglesia y el Estado, en http://www.iwgonline.org; y de National Religious Leadership Roundtable of the National Gay and Lesbian Task Force, una red interconfesional de líderes de organizaciones pro-gays, lesbianas, bisexuales y personas transgénero, en http://www.ngltf.org. El sitio de Interfaith Working Group incluye un extenso índice de organizaciones y documentos de tradiciones religiosas específicas, así como un índice temático con enlaces.

Fuentes

1. Los textos del discurso de Bush sobre el Estado de la Nación y otros comentarios citados en este artículo están disponibles en http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/01/20040120-7.es.html.
2. http://www.thenation.com/doc.mhtml?i=20040315&s=duggan.
3. Number, Timing, and Duration of Marriages and Divorces (1996), http://www.census.gov/prod/2002pubs/p70-80.pdf.
4. Profesor Hendrik Hartog, Reunión Anual de la Organization of American Historians, 28 de marzo del 2004, http://hnn.us/articles/4400.html.
5. http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A20243-2003Nov28.
6. Testimonio de Nancy F. Cott, Profesora Jonathan Trumbull de Historia de los Estados Unidos, Universidad de Harvard, en apoyo a H.3677 (Matrimonio Civil), H.1149, S.935 y S.1045 (Uniones Civiles), 23 de octubre del 2003, http://www.glad.org/GLAD_Cases/Nancy_Cott_testimony.PDF.
7. http://www.thenation.com/doc.mhtml?i=20040315&s=duggan.
8. http://www.nowldef.org/html/issues/wel/marriagepromotion.shtml.
9. http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/programmes/this_world/3419693.stm.
10. Para un ejemplo de políticas conservadoras centristas que promueven el matrimonio como un bien social, ver Sacred Vows, Public Purposes: Religion, the Marriage Movement and Marriage Policy [Votos sagrados, propósitos públicos: Religión, el movimiento por el matrimonio y las políticas sobre el matrimonio] (2003), the Pew Charitable, en http://pewforum.org/publications/reports/marriagepolicy.pdf.
11. Salud y Servicios Humanos otorga un aumento del 41 por ciento a grupos basados en la fe - de $483 millones a $680 millones, o un incremento del 19 por ciento en el financiamiento total. En Vivienda y Desarrollo Urbano el aumento fue del 16 por ciento, de $659 millones a $765 millones, es decir un incremento del 11 por ciento en el financiamiento total.
12. http://www.nytimes.com/2004/02/02/nyregion/02army.html.
13. http://www.usaid.gov/our_work/global_partnerships/fbci.
14. Bowers v. Hardwick.
15. Zelman v. Simmons-Harris.
16. Locke v. Davey.
17. Catholic Charities of Sacramento Inc. v. Superior Court of Sacramento County, Caso S099822.
18. Baker v. Vermont.
19. Baehr v. Lewin.
20. Baehr v. Miike.
21. Associated Press Wire, 10 de abril del 2004.
22. http://www.nytimes.com/2004/02/05/national/05GAYS.html.
23. http://www.ouramericanvalues.org/press_release_article.php?id=11180301.
24. Goodridge v. Department of Public Health.
25. Loving v. Virginia.
26. http://www.nytimes.com/2004/02/24/politics/24TEXT-BUSH.html.
27. http://www.cnn.com/TRANSCRIPTS/0402/24/nfcnn.02.html.
28. Testimonio de Nancy F. Cott, Profesora Jonathan Trumbull de Historia de los Estados Unidos, Universidad de Harvard, en apoyo a H.3677 (Matrimonio Civil), H.1149, S.935 y S.1045 (Uniones Civiles), 23 de octubre del 2003, http://www.glad.org/GLAD_Cases/Nancy_Cott_testimony.PDF.
29. James Brundage, Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe, p. 587 (1987).
30. http://www.freedomtomarry.org.
31. http://www.signonsandiego.com/uniontrib/20040314/news_mz1e14perry.html.
32. http://www.nytimes.com/2004/03/13/nyregion/13asbury.html.
33. http://www.nytimes.com/2004/04/11/magazine/11LOGCABIN.html.
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35. Profesor Hendrik Hartog, Reunión Anual de la Organization of American Historians, 28 de marzo del 2004, http://hnn.us/articles/4400.html.
36. Ibid.