Vistazo General

El aumento de la degradación mundial de los ecosistemas, el sobre consumo de agua, la contaminación de acuíferos, mantos freáticos y presas, y la salinización aunados al impacto de la pobreza extrema que se incrementa con la privatización, son factores que contribuyen a la catástrofe ambiental, la disponibilidad de agua potable y por ende a la violación del derecho a la vida, la seguridad, la alimentación, la salud y la educación de billones de seres humanos.

El agua es un derecho humano fundamental e inalienable, un bien común que debería ser protegido por todas las personas e instituciones del planeta. Al igual que el aire, este recurso es patrimonio común de la humanidad y así debe declararse. El agua no es una mercancía y ninguna persona o institución debería enriquecerse con ella. No debería ser privatizada, comercializada, exportada ni trasladada a unas pocas empresas privadas transnacionales, quienes ya hoy controlan el 90 por ciento de los servicios de agua privatizada. Para el TLCAN, el GATT, y el ALCA el agua es un bien, una inversión, un mero servicio para uso y beneficio comercial.

En esta crisis, las más afectadas son las mujeres. De los 1.2 billones de personas que no tienen acceso al agua, más de la mitad son mujeres y niñas.

La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, 1995, contiene en su Plan de Acción un capítulo sobre la mujer y medio ambiente, donde incorporó el derecho al agua, aunque no analizó cómo su escasez o contaminación afecta desproporcionalmente a las mujeres.

Sin embargo, investigaciones posteriores, como la realizada bajo el auspicio de UNIFEM, han constatado que, “... en la mayoría de los países en desarrollo, las mujeres son las responsables de la gestión del agua a nivel doméstico y comunitario. Además se estimó que las mujeres y las niñas utilizan más de 8 horas diarias recorriendo de 10 a 15 Km., para trasladar entre 20 y 15 litros de agua por viaje”. Los hombres, sobretodo en zonas rurales, no tienen la función de conseguir ni de acarrear agua. Su relación con el agua tiene que más ver con labores de agricultura, si se dedican al cultivo y con su almacenamiento. Esta desigualdad genérica tiene implicaciones en la vida cotidiana de las mujeres desde el punto de vista de sus derechos, pues el acarreo no sólo le ocasiona trastornos físicos sino que además les evita involucrarse en actividades como la educación, la generación de ingresos, la política, o el descanso y la recreación.

Según un informe de WEDO, “... las mujeres hacen uso de la vegetación y de los recursos forestales -bien sea como plantas medicinales, como alimento o como combustible, así como para generar ingresos- porque a su vez, los ecosistemas se relacionan con la salud y el suministro de agua. Por lo tanto, a mayor grado de deterioro ambiental, mayor deterioro de su calidad de vida...”. Ejemplos como “... la disposición y ubicación de sanitarios o letrinas, tienen un fuerte impacto para las mujeres, ya que, para hacer uso de ellos tienen que desplazarse a sitios alejados, con lo cual, además, ponen en riesgo su integridad y salud personal por el incremento de agresiones físicas y sexuales cuando los sanitarios están alejados de las comunidades. La carencia de sanitarios en áreas rurales, aunada a la deforestación y a la pérdida de vegetación, obliga a las mujeres a levantarse más temprano y a caminar más, para tener cierta privacidad. Se estima que 1 de cada 10 jóvenes africanas dejan de ir a la escuela durante la pubertad o cuando están menstruando, por la carencia de sanitarios o por la suciedad de los mismos en las escuelas.”

Aunado a dicha desigualdad ya existente, con la consecuente violación de casi todos los derechos humanos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han impuesto en varios países la privatización del servicio del agua como condición para otorgar préstamos, con graves consecuencias para toda la población, pero particularmente para las mujeres. Hoy en día, muchos pueblos del mundo están luchando para que el agua, como derecho básico que es, sea excluida de las negociaciones de la OMC, el ALCA y los TLC, ya que en el momento en que el agua sea considerada legalmente como un bien, una inversión o un servicio bajo un acuerdo internacional, regional o bilateral, no sólo se estará violando el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otras normas del derecho internacional, sino que la población del mundo estará sujeta a un lento genocidio ambiental debido a la falta de este recurso.

La investigadora colombiana Mariela Adela Rivera-Santander nos ilustra las consecuencias de la privatización del agua en las mujeres cuando nos narra que “... en Cochabamba, Bolivia, la privatización del agua ha provocado un aumento indiscriminado en el precio hasta del 200 por ciento, en tanto que en Conakry, Guinea ha sido del 500 por ciento en sólo cinco años, con un grave impacto en la vida de mujeres, niñas y niños desplazados”. Ella explica cómo “...las mujeres jefas de familia de Colombia y Filipinas, donde les cortan el servicio de agua por falta de pago, vuelven a utilizar el agua contaminada, lo que las expone a sufrir graves enfermedades y a dedicar horas al acarreo, además que dejan de invertir en gastos de alimentación, salud o educación para contar con este servicio... ”.

Los recursos mundiales de agua deberían ser compartidos entre las personas, los sectores económicos, las jurisdicciones interestatales y entre las naciones soberanas, respetando la necesidad de un medio ambiente sostenible.

Las mujeres sólo han tenido la responsabilidad de utilizar y administrar el agua en las peores condiciones, teniendo que escoger muchas veces entre comer o contar con el recurso para sus labores cotidianas. Las horas que dedican a todo ello les excluye de participar en la toma de decisiones para la disminución de la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida. El acceso igualitario al agua y el monitoreo de la función de los ecosistemas de agua en la protección del recurso y en la prevención de los riesgos naturales, más que una necesidad, es un derecho humano urgente que no puede posponerse.

Es indispensable evaluar los valores económicos, sociales y ambientales del agua, reconocer y revalorar la función de las mujeres como usuarias y administradoras de los recursos hídricos, considerar la sostenibilidad de los recursos ambientales en el planeamiento, diseño, construcción, operación y gestión de los principales proyectos hídricos, evaluar el impacto social del desarrollo de los recursos hídricos, restablecer la protección de la calidad de las aguas subterránea y superficial, y vincular las políticas hídricas con otras políticas de los ecosistemas desde la perspectiva de género.

Mecanismos de Derechos Humanos

• La Declaración Universal de los Derechos Humanos dela ONU excluyó el agua como un derecho explícito. Su inclusión explícita se creyó innecesaria dada su naturaleza de recurso básico para la sobre vivencia.
  
  
• Sin embargo, el Comentario General sobre el derecho al agua, adoptado en noviembre de 2002 por el Comité del Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconoció el agua de forma explícita como un derecho humano fundamental.