Anna Turley: El tema de la anticoncepción de emergencia en Chile ha estado presente de una manera intermitente en la agenda política por varios años. ¿Cuáles han sido los desarrollos clave en relación a la anticoncepción de emergencia y cuál es la situación actual?

Adriana Gómez: La anticoncepción de emergencia, AE, como ha sucedido en otros países, se ha utilizado en Chile desde hace muchos años a través del método Yuzpe, muchos profesionales de la salud han entregado sin tantos cuestionamientos este método en sus consultas privadas o en los servicios públicos. Sin embargo, el año 2000, cuando el laboratorio Silesia solicitó en Chile la autorización para comercializar Levonorgestrel 0.75 mg. como anticoncepción de emergencia, AE, bajo el nombre de fantasía Postinal, comenzaron las dificultades a nivel judicial, al igual que un extenso proceso para lograr la autorización por parte del organismo encargado de aprobar la distribución de medicamentos en Chile, es decir, el Instituto de Salud Pública, ISP.

Fue así como a comienzos del año 2001, organizaciones autodenominadas provida presentaron un recurso de protección en contra del ISP, y del Ministerio de Salud para impedir dicho registro.

No nos olvidemos que en esa época, y a nivel mundial, ya los movimientos provida, al alero de las iglesias y luego del gobierno de Bush, habían iniciado una fortísima ofensiva fundamentalista de la que Chile no estuvo ausente, dirigida contra todo aquello referido a los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia, el aborto y la libre opción sexual, en especial, los matrimonios de personas del mismo sexo.

Entonces comenzaron en Chile acalorados debates y presiones por parte de sectores conservadores y religiosos sobre organismos de gobierno involucrados, en especial sobre el Ministerio de Salud, el cual retrasó la autorización definitiva a la espera de construir consenso al interior de la Concertación (coalición de gobierno), ya que las divergencias alcanzaban a una de las organizaciones políticas que lo integran, específicamente el Partido Demócrata Cristiano, que como su nombre lo indica, está estrechamente vinculado con la postura de la Iglesia Católica.

En marzo del año 2001 las presiones de sectores progresistas y del movimiento de salud de las mujeres arreciaron y en el Día Internacional de la Mujer, gran parte de las actividades estuvieron centradas en actividades de recolección de firmas, consulta de opinión y difusión de las indicaciones y uso de la anticoncepción de emergencia. Se puede decir que entonces, como nunca antes, las mujeres, las adolescentes, las parejas, conocieron de este "secreto mejor guardado" y supieron cómo podían reemplazar el producto por el método Yuzpe, más barato y accesible.

El 19 de marzo de 2001 el ISP anunció la autorización del registro y la aprobación de la venta y distribución del anticonceptivo Postinal con receta médica retenida. La Ministra de Salud de entonces, hoy Presidenta de la República Michelle Bachelet, fundamentó dicha decisión en un análisis sanitario. No obstante, la decisión fue criticada públicamente por el Cardenal de la iglesia católica, quien condenó "la píldora del día después" por considerarla "abortiva", y una "conjura contra la vida", refiriéndose a las organizaciones internacionales del área de planificación familiar y temas afines.

Las organizaciones autodenominadas provida Instituto de Estudios y Fomento de la Mujer, Movimiento Mundial de Madres e Instituto Internacional sobre Estudios de la Vida Humana, y Frente por la Vida y la Acción Solidaria presentaron ante los tribunales un recurso de no innovar en contra del laboratorio farmacéutico, el ISP y la Ministra de Salud, para detener la comercialización de la anticoncepción de emergencia ya autorizada. Luego de dos rechazos, a comienzos de abril de 2001 la Corte de Apelaciones de Santiago acogió tal recurso, resolución que paralizó la salida del fármaco al mercado, a la espera de un proceso que desembocara en un fallo judicial definitivo.

Estos hechos llevaron a que el Consejo de Defensa del Estado se hiciera parte del proceso junto con el Ministerio de Salud y el ISP, y a que se polarizara el debate. Desde profesionales de la atención primaria de salud surgió una fuerte protesta ante la judicialización de actos propios de la autoridad sanitaria. Además, exigieron el respeto a la libertad, autonomía y derecho de las personas para decidir sobre su cuerpo y su sexualidad.

Luego se sucedieron una serie de etapas del proceso en los tribunales, incluyendo la denegación de la distribución y comercialización del fármaco Postinal por una resolución de la Corte Suprema del 30 de agosto del año 2001, sustentándose el fallo en la afirmación de las ONG provida y de la iglesia católica en cuanto a que la AE impide la anidación del óvulo fecundado por lo cual era necesario proteger la vida del que está por nacer.

Con esta resolución la Corte Suprema, además de transgredir normas de derecho internacional y consensos multilaterales, falló sin tomar en cuenta la opinión de la gran mayoría de la población que en un 70% había señalado su acuerdo con la comercialización y utilización de la AE.

No obstante, una estrategia sanitaria quedó de manifiesto a través de la autorización del ISP para comercializar el Postinor 2, nombre de fantasía del Levonorgestrel 0.75, cuya solicitud de registro y venta era del laboratorio Grünenthal. Esta autorización la efectuó el ISP el 24 de agosto de 2001, es decir, pocos días antes de conocido el fallo adverso de la Corte Suprema.

El Foro Abierto de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe convocaron a una marcha multitudinaria de mujeres, hombres, adolescentes, que se realizó el 5 de septiembre de ese año (2001), con un doble propósito: protestar ante la Corte Suprema por su dictamen adverso, y apoyo al Ministerio de Salud por su esfuerzo en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y por la aprobación de un nuevo producto. Por su parte, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, RSMLAC, lanzó un llamado urgente de solidaridad a nivel regional al que respondieron centenares de personas y organizaciones de la sociedad civil y entidades técnicas de numerosos países.

Por su parte, las ONG provida señalaron que la resolución del ISP que aprobó la venta y distribución del Postinor 2 constituía un "acto de desacato", ante lo cual presentaron una demanda para que la Corte se pronunciara en los mismos términos no sólo en lo que se refiere a la marca comercial Postinal, sino que frente a todas las marcas comerciales que incluían como principio activo al Levonorgestrel de 0.75 mg. Sin embargo, el 11 de octubre de 2001 la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dio a conocer una resolución aprobada unánimemente, la que señaló que el fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema del 30 de agosto del año 2001 que acogió un recurso de protección presentado por organizaciones provida, sólo prohibía la venta y distribución del Postinal, fabricado por el Laboratorio Silesia, y no impedía la distribución de otros fármacos hechos con el mismo componente activo.

Esta resolución judicial significó, por lo tanto, que continuaba vigente la aprobación del Postinor 2, del Laboratorio Grünenthal. Los abogados de las organizaciones contrarias a la píldora amenazaron con un "endurecimiento" de sus acciones, buscando que fuera la Corte Suprema la que aprobara una aclaratoria haciendo extensiva la resolución que prohibió el Postinal a todos los productos que contengan el principio activo Levonorgestrel 0.75.

Paralelamente, diversas organizaciones de la sociedad civil presentaron el 16 de octubre de 2001 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Chile, señalando que a través de sus tribunales se había negado el acceso a la justicia a organizaciones técnicas y de mujeres en el juicio que se desarrolló en contra de la autorización de comercialización del fármaco Postinal, del Laboratorio Silesia. Al privilegiar los argumentos de los recurrentes (organizaciones provida) por sobre los antecedentes científicos, se había trasgredido el legítimo derecho a la vida privada de las mujeres sobre su vida sexual y salud reproductiva. Este proceso en la actualidad continúa en trámite en la CIDH.

Toda esta extensa etapa de trámites judiciales, culminó el 28 de noviembre de 2005 cuando la Corte Suprema falló definitivamente a favor de la comercialización y distribución de la AE, rechazando un recurso interpuesto por una agrupación juvenil que solicitaba la revisión de anteriores resoluciones. La resolución no analizó el fondo, es decir, los efectos que podrían ser abortivos -o no- por considerare que se trata de una materia que no está científicamente sanjada.

Otra etapa de este tema fue aquella relativa a las políticas públicas que incorporan el uso y distribución de la PAE en la prestación de salud. La AE no estaba considerada en la oferta de anticonceptivos sino hasta el 8 de abril del año 2004, cuando el gobierno anunció la aprobación de las "Normas, guía clínica y protocolos para la atención en servicios de urgencia de personas víctimas de violencia sexual", que contempla la entrega de la AE a mujeres violadas que acudían a estos servicios, sin requerir trámites previos de denuncia de la agresión sexual. Para el resto de las mujeres el acceso continuaba estando restringido, es decir, las mujeres que podían pagar una consulta médica particular y luego comprar una receta finalmente accedían a la AE. Es decir, esto discriminaba en especial a adolescentes y mujeres con menores recursos.

Nuevamente tras este anuncio surgieron los ataques de los sectores provida, e incluso muchos alcaldes se negaron a implementar estos servicios en los consultorios médicos públicos de su circunscripción, pero en el hecho la Norma comenzó a aplicarse, aunque existen pocos observatorios de la efectividad de la puesta en marcha. El Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos inició un observatorio en algunas comunas, que comprobó el difícil acceso, a pesar de la vigencia de la norma, pero el Ministerio de Salud no ha realizado monitoreos al respecto.

Al asumir la presidencia Michelle Bachelet, y con el nombramiento de la Ministra Dra. María Soledad Barría, muy cercana al movimiento de mujeres y feminista, se previó algún avance en términos de apertura al diálogo con la sociedad civil sobre este y otros temas, lo que se ha iniciado paulatinamente.

Efectivamente, a los pocos meses de iniciado su mandato, la Ministra de Salud anunció la aprobación de las "Normas sobre Regulación de la Fertilidad", que incluyen la ampliación del acceso a la anticoncepción, incluyendo a la AE, a todas las mujeres que lo requieran (no solo las mujeres violadas), y abarcando también a las adolescentes mayores de 14 años, aun sin la autorización de sus padres. Es decir, se les resguarda la confidencialidad.

Estas Normas, elaboradas en un trabajo conjunto de varios años del Ministerio con representantes de institutos de investigación en salud sexual y reproductiva sensibles a temas de género, tuvieron una excelente recepción en el mundo civil. Pero una vez más se levantó la voz de la Iglesia Católica, la que incluso en un acto litúrgico de gran convocatoria, llamó a proteger a la familia y a todos los hijos - "no hay hijos no deseados" -, en clara alusión al uso de la AE para prevenir embarazos no deseados que en Chile alcanzan un alto porcentaje.

No obstante, es evidente que el discurso de la Iglesia ha ido perdiendo cercanía con la gente; encuestas realizadas luego del anuncio ministerial demostraron, por ejemplo, que dos de cada tres personas consultadas estaban de acuerdo en que ampliar la píldora era avanzar en la equidad del acceso, pues se beneficiaba a mujeres de sectores más pobres que antes no podían comprarla. Incluso el 84% del universo encuestado estuvo de acuerdo en que las personas deben tener acceso a las distintas alternativas anticonceptivas de acuerdo a sus convicciones. Este sondeo, realizado por un periódico (La Tercera), ligado a la derecha política, comprobó asimismo que el 67% de las personas pensaba que debía reinstalarse el aborto terapéutico.

Lo interesante de esta última etapa del debate público, es que más que centrarse en si la AE es abortiva o no, la discusión se dirigió más bien a analizar la posibilidad de que adolescentes mayores de 14 años accedan al método sin autorización parental, lo que demuestra un cambio de percepciones. Pareciera ser que en un país de fuerte tendencia familiar autoritaria, como es Chile, sería más grave trasgredir esta imagen de autoridad antes que tomar un anticonceptivo cuyos efectos podrían ser abortivos según sugiere el mensaje provida. Por otra parte, un argumento a favor de ampliar el acceso a este sector poblacional, es que la reciente legislación sobre delitos sexuales señala que las y los mayores de 14 años tienen capacidad de discernimiento y pueden ser imputables penalmente, por ende, también deben tener capacidad y autonomía para discernir si pueden tomar la píldora o no.

Un grupo de personas, sin embargo, presentó recientemente un recurso ante el Tribunal Constitucional, órgano que dirime, entre otras cosas, quejas respecto de leyes o normativas que podrían ir contra la Constitución de la República. El recurso argumenta que la Normativa del Ministerio estaría violando el derecho de la familia de educar a sus hijos e hijas.

Este recurso fue aceptado a trámite, pero aún no ha sido resuelto. En tanto, el Ministerio y la Presidenta de la República han continuado defendiendo la mencionada política pública como un avance en la protección de la salud de las adolescentes que no están preparadas para un embarazo, y también un logro para la equidad en el acceso. Lamentablemente, a raíz de los intensos y extensos debates nacionales respecto de la AE, los laboratorios que comercializaban productos para anticoncepción de emergencia han anunciado que dejarán de comercializarlos, por lo cual las reservas en las farmacias podrían entrar en crisis.

Los datos estadísticos sanitarios muestran la necesidad de contar con anticoncepción de emergencia en las instituciones públicas de salud y a precios accesibles en el mercado farmacéutico:

• Cerca del 60% de los embarazos que ocurren cada año corresponden a gestaciones no planificadas y/o no deseadas. Es evidente que un porcentaje llegará a término y otro podrá concluir con un aborto inducido en condiciones de clandestinidad.
• En los últimos años han aumentado los embarazos en menores de 17 años, pero sobre todo en menores de 14 años, producto de la desinformación que afecta a la población adolescente respecto de sexualidad y reproducción, de la ausencia de políticas de educación sexual, así como también de servicios de salud que no responden a sus demandas específicas. Sin duda también estas cifras -sobre todo en las niñas menores de 14- alertan respecto de posibles casos de violencia sexual.
• Las cifras más recientes que maneja el gobierno, reconocen que del total de nacimientos en el país, un 14% corresponden a hijos de madres adolescentes (año 2004). Sin embargo, mientras el año 2003 se registró un solo parto en adolescentes en las comunas de Providencia y Las Condes y ninguno en Vitacura (todas comunas de altos ingresos), en la comuna de La Pintana (de bajos ingresos) ocurrieron 29 partos de adolescentes, lo que visibiliza la desigualdad de las adolescentes en cuanto a su acceso a información y a atención de salud sexual y reproductiva.
• La violencia sexual en el país es un drama cotidiano. Se ha estimado que ocurren alrededor de 20.000 delitos al año, incluyendo violación e incesto, siendo las niñas y adolescentes las principales víctimas.
• Investigaciones recientes de la Universidad de Chile (Departamento de Sociología) revelan una fuerte tendencia al descenso de la edad de inicio sexual de los /as adolescentes en el país, con un porcentaje importante en ambos sexos que se inicia a los trece años, aunque la mayoría de los hombres lo hace alrededor de los 16.7 años y las mujeres, alrededor de los 18. Un alto porcentaje de ellos no usa anticoncepción en su primera relación sexual.

A.T.: ¿Qué papel han jugado la Red de Salud y otras organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres en la lucha para que haya un amplio acceso a la anticoncepción de emergencia?

A.G.: La Red de Salud forma parte del Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos que tiene cobertura nacional y que articula a las organizaciones de mujeres que trabajan en temas de salud, derechos y ciudadanía. Por su carácter de red, y con su especificidad temática, esta articulación ha hecho suya la demanda por el acceso a la anticoncepción de emergencia como un derecho de todas las mujeres, sobre todo en términos de equidad en el acceso, y con un fuerte énfasis en la población adolescente.

Con el Foro, el año 2001, la Red desarrolló un proyecto de abogacía y comunicacional sobre anticoncepción de emergencia, financiado por el Fondo de Población de Naciones Unidas, el cual presionó sostenidamente por la aprobación del método en primer lugar, y luego por la ampliación del acceso. Para ello no solo hemos articulado alianzas con otros sectores sociales, sino que también hemos iniciado interlocuciones con el gobierno para asegurar que estos avances se concreten.

Al mismo tiempo, la RSMLAC diseñó hace unos años un instrumento de monitoreo de los acuerdos de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, que se aplicó a siete países de la región latinoamericana y caribeña, incluyendo a Chile, donde los ejes temáticos monitoreados fueron, entre otros, el acceso de adolescentes a información y servicios de salud sexual y reproductiva, y la violencia sexual contra las niñas, lo que sin duda se vincula con el tema que ahora analizamos. Para ello instaló una base de datos en línea (www.ateneareddesalud.org) donde se pueden consultar los resultados del monitoreo, que culminó el año 2000.

Es decir, la Red ha realizado activismo, abogacía, control ciudadano y construcción de conocimiento en temas relativos a los derechos sexuales y reproductivos. Estos derechos muestran un gran vacío jurídico en el país, de tal forma que hay muchos aspectos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres que no están protegidos por leyes y normativas.

Por ello hemos participado en la elaboración del Proyecto de Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos, que se dirige a posicionar estos derechos como derechos humanos. Sin embargo, el proyecto fue ingresado al Parlamento el año 2000 pero no ha tenido ningún avance en su tramitación. Esperamos impulsarlo como tema urgente en la nueva interlocución que se ha iniciado con la actual Ministra de Salud, María Soledad Barría. De hecho, este proyecto aparece como tema de trabajo en el Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet, al igual que en la Agenda de Salud que hemos elaborado en la articulación de organizaciones antes señalada.

A.T.: El tema de la anticoncepción de emergencia ha provocado mucha controversia. ¿Quiénes son los principales oponentes de la anticoncepción de emergencia y por qué?

A.G.: Los principales oponentes son de carácter político y religioso. El liderazgo en esta oposición ha estado centrado en la Iglesia Católica, entidad que tiene una fuerte presencia en Chile, donde más del 70% de la población se declara católica. Asimismo, y tomando en cuenta su activa participación en la defensa de los derechos humanos en la época de la dictadura de Pinochet, donde al alero de dicha Iglesia se instaló la Vicaría de la Solidaridad que llevó adelante la defensa de millares de personas perseguidas políticas, la ciudadanía sin duda siente un respeto muy profundo hacia ella en términos de considerarla como un alto valor moral que genera confianza y credibilidad.

Asimismo, los gobiernos que se han sucedido con la vuelta a la democracia (el de Michelle Bachelet sería el cuarto que representa a la Concertación de partidos de gobierno), sienten un alto compromiso hacia esta Iglesia que en su momento fue, efectivamente, decisiva y valiente para enfrentar los abusos y atrocidades de la dictadura y de su aparato represivo. De hecho muchos sacerdotes murieron asesinados.

De tal forma que la Iglesia Católica ha contado con una amplia tribuna en los medios de comunicación y en todos los espacios públicos para dar a conocer su total rechazo a la anticoncepción de emergencia por considerarla abortiva. De hecho ha desarrollado un lobby activo con los parlamentarios en términos de conminarlos a rechazar su distribución. Asimismo, como actor social de primera importancia, la Iglesia Católica ha sido escuchado en todo tipo de espacios y es recibida con mucha deferencia por funcionarios del gobierno.

A su alero, se sitúan diversas organizaciones provida, varios grupos adeptos al Opus Dei, que en Chile ha instalado varios colegios cuyos estudiantes son ampliamente movilizados en demostraciones callejeras. También otras iglesias, como las evangélicas, tienen creciente influencia, pero su postura es más moderada respecto a este tema.

En términos de partidos políticos, claramente la derecha política y el Partido Demócrata Ccristiano (de gobierno), son mayormente opositores, en tanto que los partidos de gobierno no confesionales apoyan todo avance en relación a la distribución de la AE y otras políticas públicas similares.

La sociedad civil, grupos de mujeres, ONG, grupos de derechos humanos, estudiantes a nivel universitario, gremios de la salud, etc., constituyen la avanzada progresista en este terreno, e incluso muchos profesionales del área que tienen la práctica de atención a la población de menores recursos, sin duda avalan cualquier avance en la equidad del acceso.

A.T.: En agosto de este año, el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas criticó las políticas de aborto en Chile, y algunos analistas han sugerido que el fuerte apoyo que Bachelet le ha dado a la anticoncepción de emergencia es una antesala para revisar las leyes contra el aborto. En su opinión, ¿cuáles son las conexiones (si hay alguna) entre la anticoncepción de emergencia y el aborto en Chile?

A.G.: Lamentablemente, esto no nos parece probable. Si bien es cierto que observamos un compromiso muy fuerte de las principales autoridades del país, comenzando por la Presidenta Bachelet y por la Ministra de Salud, en términos de defender las Normas sobre Regulación de la Fertilidad que incluyen el acceso amplio a la anticoncepción, incluyendo la anticoncepción de emergencia, para todas las mujeres usuarias del sistema de salud, la postura en cuanto al aborto es totalmente contraria, incluso para la reposición del aborto terapéutico.

El costo político del aborto en Chile es demasiado alto. No ha sido suficiente comprobar que paulatinamente ha ido cambiando la percepción de un porcentaje de la población respecto de esta práctica, probablemente sería necesario formar una articulación social mayor que abogue por cambios. Hoy muchos grupos de mujeres sienten recelos de actuar en este terreno, hay mucha discriminación respecto de quienes se comprometen públicamente con el tema del aborto. El imaginario social continúa señalando que es un crimen y un atentado contra la vida, sin entender que también las mujeres somos sujetas de derechos y en algún momento se producen colisiones de intereses entre el feto y la mujer gestante, sobre todo en aquello relativo al aborto terapéutico.

La Presidenta ha señalado claramente que durante su gobierno no habrán propuestas en este terreno, de tal forma que la sociedad civil comprometida con los derechos sexuales y derechos reproductivos tenemos un enorme desafío. En ese sentido, una vía posible es ir abriendo debate, por ejemplo, alrededor del proyecto de Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos, que posiciona temas fundamentales tales como la autonomía, la integridad y dignidad de la persona, la libertad de tomar decisiones en el ámbito sexual y reproductivo, aunque no menciona el tema del aborto.

Hay parlamentarios, muy pocos, que se muestran abiertos a reponer el aborto terapéutico pero por ahora todo ha quedado en el discurso y no hay avances concretos ni anuncios al respecto.

Otro punto clave para abordar la temática es el trabajo con jóvenes. Está surgiendo una nueva generación de mujeres feministas jóvenes con una claridad conceptual muy notable, para quienes el aborto es claramente un derecho a ser reclamado.

El aborto en Chile tiene que ser motivo de un trabajo dedicado con muchas estrategias y con muchas interlocuciones. Puede que nos tome muchos años, pero hay que iniciarlo ya. No es posible que sigamos siendo uno de los países más castigadores con las mujeres que deciden sobre sus vidas y sus cuerpos. A pesar del riesgo de vida y de la amenaza de cárcel, alrededor de 160 mil mujeres se realizan abortos clandestinos cada año, muchas de ellas adolescentes.

A.T.: ¿Qué pueden hacer las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres para apoyar los derechos sexuales y reproductivos de la mujer en Chile en el contexto actual?

A.G.: Se necesitan apoyos desde organizaciones internacionales en muchas áreas: en la información, pues es clave contar con antecedentes de otros países y de otras luchas ciudadanas, de otras estrategias exitosas en el tema del aborto en particular, y de los derechos sexuales y reproductivos en general.

También en recursos, pues nos damos cuenta de que por ser Chile un país con una situación algo más adelantada que otras naciones del mundo en desarrollo, las financiadoras lentamente han ido retirando su ayuda para dirigirse hacia otras regiones. Hay muchas organizaciones con serios problemas de recursos y con amenaza de cierre, organizaciones históricas.

Y, sin duda, se requiere de solidaridad internacional para lograr -desde el enfoque del derecho internacional - posicionar casos de mujeres que abortan y que son penalizadas. E incluso llegar a tribunales internacionales si es posible.

También el hecho de que Chile esté gobernado por una mujer puede llamarnos a error y creer que la situación acá es de total igualdad para las mujeres. No es así, la Presidenta ha instalado un gabinete paritario pero hay escasas parlamentarias elaborando y aprobando leyes en nuestro Parlamento, hay escasas mujeres en puesto de decisión. De hecho una ley de cuotas, que forma parte del programa de gobierno, no ha generado consenso, ni siquiera entre las mujeres.

Por ello, cualquier llamado internacional a favor de los derechos de las mujeres chilenas siempre será un elemento fundamental para visibilizar esta situación.